Anticorrupción impulsa la investigación sobre la SGAE

Fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC precisaron que las investigaciones fueron judicializadas por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción, a la que hace más de un año llegó una información sobre supuestas irregularidades cometidas en la SDAE. De las investigaciones se encargaron agentes especializados de la Guardia Civil, que en primera instancia se dedicaron a recopilar toda la documentación necesaria para poder realizar un análisis minucioso de los flujos económicos que se producían dentro de la sociedad de gestión. Como resultado de ese minucioso trabajo se detectaron «indicios sólidos» que parecen apuntar a que se ha producido una desviación de fondos por una cuantía «muy importante» . De ahí que Anticorrupción decidiera hace algunos meses judicializar el asunto.

El informe de Anticorrupción recayó en el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, —por error, ayer ABC informó de que se trataba del número 6, cuyo titular es Eloy Velasco—, que a la vista de los datos disponibles decidió abrir unas diligencias, que están declaradas secretas. Esta es la razón por la que de momento no han trascendido las personas concretas que estarían afectadas por la investigación.

Todas las fuentes consultadas ayer por ABC insistieron en que se trata de un caso «muy delicado por sus connotaciones, difícil de investigar, de consecuencias por el momento imprevisibles y en el que hay que actuar con todas las cautelas». Sin embargo, añaden que de lo actuado hasta el momento «parecen deducirse responsabilidades penales».

Como informó ayer este periódico, la SDAE ya había sido denunciada en 2007 , ante la Fiscalía Anticorrupción, por la Asociación de Internautas, por la Asociación de Usuarios de Internet y otras dos asociaciones por los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones, y basándose en las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación que desvelaban un entramado de empresas dependientes de la SDAE, una sociedad limitada, cuyo único accionista es la SGAE, una asociación sin ánimo de lucro. Según los denunciantes, algunos directivos de la entidad de gestión habrían obtenido presuntamente beneficios económicos a través de la creación de sociedades limitadas que se financian de los fondos procedentes de la recaudación de derechos de autor.

La publicación de la investigación abierta por la Audiencia Nacional, e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, cayó ayer como una bomba en la sede de la entidad de gestión. Bautista, el asesor jurídico, Pablo Hernández y el director general de la SDAE se reunían a primera hora de la mañana para evaluar la situación, que se produce en un momento muy crítico para la SGAE. Sobre todo ante la tensa jornada a la se enfrentan hoy, esto es la elección de la Junta Directiva que decidirá el futuro de la entidad durante los próximos cuatro años.

Unos comicios muy reñidos que presentan opciones enfrentadas sobre cómo debe ser el futuro de la entidad: una de ellas continuista —apoyando la línea de gestión planteada por Eduardo Bautista durante la última década—, defendida por la Candidatura Profesional de Autores y Compositores (CPAC), que encabeza Caco Senante; y otra que quiere poner freno a este ambicioso y costoso periodo —que ha alumbrado la red de teatros ARTERIA—, del que se distancia el grupo De Otra Manera (DOM), liderado por el compositor José Miguel Fernández-Sastrón , que apuesta por una política más austera.

Sastrón también es consciente que, de ganar estas elecciones, tiene el difícil reto de limpiar la mala imagen cosechada por la entidad de gestión, consecuencia no solo «de una deficiente comunicación», si no también «de una determinada forma de hacer las cosas que ha contribuido a dar argumentos a quienes pretenden poner en tela de juicio nuestros derechos irrenunciables».

El nerviosismo de los responsable de la entidad ante la información publicada ayer por ABC se tradujo además en una carta remitida ayer por la tarde a todos sus socios. Un texto muy similar al enviado a este periódico, y que incluimos abajo «completo». Similar pero no igual, pues en las últimas líneas, tal vez con el propósito de transmitir tranquilidad a sus afiliados ante la cita de hoy, la entidad anuncia que está dispuesta a reaccionar con contundencia ante la información publicada.

En opinión de la entidad, la «práctica periodística» realizada por ABC «debe ser denunciada por el daño que provoca a la imagen de la Sociedad de Autores». Hasta ahí coinciden los dos textos, aunque en la carta interna añade algo más: «y frente a la que se reaccionará desde esta organización con los medios legales que reconoce nuestro Ordenamiento Jurídico».