Los presidentes del PP temen que Zapatero les corte la financiación

Han sido años de alegrías económicas que se han traducido en 12.000 millones para la financiación autonómica, con el único objetivo de contentar al tripartito que presidía José Montilla en Cataluña; 1.204 millones para satisfacer los deseos de Manuel Chaves en Andalucía de que el Estado le pague la llamada «deuda histórica»; o los 13.000 millones para el Plan E, con los que intentaba calmar la petición de fondos por parte de los Ayuntamientos. A esta chequera abierta en canal hay que sumar la decisión de Zapatero de abrir la mano con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y permitir que las comunidades autónomas tengan déficit.

En los últimos meses, obligado por los mercados y las autoridades europeas, el Gobierno trató de poner un poco de orden en las cuentas autonómicas, pero incluso en estos momentos de estrecha vigilancia internacional, el Gobierno se ha permitido abrir la mano del endeudamiento tras las exigencias de Cataluña.

Pero ahora llegan otros tiempos. Con un PSOE desalojado de todas las comunidades donde gobernaba —excepto Andalucía, donde todavía no se han celebrado las elecciones—, y un Partido Popular que ha recuperado todo el poder autonómico, Zapatero, según asegura a ABC el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, se ha embarcado «en una operación para arrojar dudas sobre las comunidades autónomas como si a éstas hubiera que echarles la culpa de la responsabilidad del déficit de España. Un presidente autonómico no hace la política económica de un país, es simplemente un gestor y el culpable de su situación es el Gobierno de España, que es el director de orquesta». Montoro asegura que la maniobra de Zapatero es cambiar «ahora el eje del problema a las autonomías».

El dirigente económico del PP reconoce que hay «preocupación porque se está poniendo e riesgo la falta de recursos presupuestarios» y admite que hay temor de que no se pueda garantizar la prestación de los servicios básicos, aunque el Gobierno no lo quiera reconocer. Montoro advierte de que el Gobierno, en su discurso político, «está tratando de buscar la responsabilidad en las comunidades». Además, las regiones gobernadas por el PP han denunciado ya al Gobierno ante los Tribunales para exigir el adelanto de los fondos de convergencia, que el Ministerio de Economía sí entregó en 2009 y 2010.

El PP se encontrará un escenario especialmente complicado en dos de las autonomías en las que asume el gobierno, Castilla-la Mancha y Baleares. Independientemente de si hay o no facturas sin pagar y sin contabilizar en los cajones, ambas comunidades acumulan en el primer trimestre unos números rojos de casi el 1% del PIB, cuando el objetivo para todo el año es del 1,3%. Además, Economía todavía no les ha aprobado sus planes de reequilibrio y, por tanto, tienen prohibido emitir nueva deuda. De modo que una de sus primeras tareas será poner en marcha un plan de ajuste para que se lo apruebe el Gobierno, como hizo con Murcia, una Comunidad del PP con un fuerte endeudamiento, al igual que Valencia.

A la vista de la situación financiera que se van a encontrar, Montoro asegura que ninguno de los presidentes autonómicos del PP «ha ganado las elecciones creyendo que se iban a encontrar un caramelo. Son conscientes de lo que hay y por eso ninguno ha prometido ni el oro ni el moro». El dirigente popular subrayó que el Partidio Popular es consciente de que «cuando tomamos el relevo de un Gobierno socialista abrimos los cajones y nos los encontramos llenos de facturas. Es lamentable que ante un relevo de Gobierno hayan dejado unos presupuestos mal gestionados».