EL ESCÁNDALO DEL «EREGATE» EN ANDALUCÍA

Al menos tres Consejerías fueron advertidas de fallos en los ERE

El ex titular andaluz de Innovación Francisco Vallejo recibió en 2005 un informe de la Intervención

Al menos tres Consejerías fueron advertidas de fallos en los ERE KAKO RANGEL

A. R. VEGA / M. CONTRERAS

29/03/2011
Actualizado a las 02:45h.

Que el procedimiento utilizado para tramitar las ayudas destinadas a los ERE de empresas en crisis no respetaba los cauces legales establecidos para este tipo de subvenciones no era ningún secreto en la Junta de Andalucía. Al menos hasta tres Consejerías conocían al máximo nivel, ... por medio de los informes de fiscalización de gastos emitidos por la Intervención General, que la gestión de estos fondos públicos canalizados a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no era el adecuado. Además de las consejerías de Hacienda —entonces bajo el mando de José Antonio Griñán— y de Empleo —con Antonio Fernández, imputado en el proceso judicial por los falsos ERE, al frente— la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa estaba al corriente de que las deficiencias en la forma de administrar el dinero.

No en vano, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) —que pasó a asumir las competencias del IFA— dependía de este departamento. Siendo consejero de Innovación Francisco Vallejo, que ocupó el cargo entre 2004 y abril de 2009, llegó a sus manos en julio de 2005 un informe del interventor general, Manuel Gómez Martínez, que analizaba en profundidad al cierre del ejercicio de 2002 las cuentas de IDEA, el organismo instrumental que se encargaba de incentivar los ERE.

Pocos meses antes, otro informe del órgano fiscalizador de la Junta se remitió a las Consejerías de Empleo y de Hacienda. Fue rebatido con alegaciones por el primero. Por su parte, la viceconsejera de Hacienda en aquella época y actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, asegura que nunca le hizo llegar el informe a su superior, que era Griñán.

La Intervención cuestionó en 2005, 2006 y 2007 el sistema de tramitación de las ayudas como transferencias a la financiación de explotación en vez de hacerlo como subvenciones excepcionales, que era un procedimiento más largo pero con más garantías jurídicas de que los fondos llegasen al destino correcto. Pero la Intervención fue más allá de la forma y apuntó otras deficiencias de fondo, como descuadres contables en las ayudas aprobadas para los ERE.

Esta falta de control fue luego el caldo de cultivo propicio para un fraude que, según la Consejería de Empleo, habría escamoteado unos 9 millones de euros a las arcas públicas, dinero que se habrían repartido los 72 «intrusos» aparecidos en los ERE, personas que se beneficiaron de prejubilaciones subvencionadas por la Junta en empresas donde nunca trabajaron. Entre los 2001 y 2010, la Junta de Andalucía manejó más de 647 millones de euros en ayudas —no todas ellas fiscalizadas— a empresas.