Siria da por derogada la ley de emergencia

El fin de la ley de emergencia —que confiere mando ilimitado a policía y servicios secretos para vigilar, censurar, encarcelar y corregir a «todo sospechoso de amenazar la seguridad»— constituiría un dramático intento de Al Assad por reconciliarse in extremis con los manifestantes.

Las autoridades reconocen 27 fallecidos en la revuelta, aunque fuentes humanitarias y activistas sitúan la cifra en al menos 126 muertos. La subida de sueldos a los funcionarios y el anuncio de una regulación más liberal para los partidos políticos y la prensa no han sido suficientes. Pero la última promesa del presidente de acabar con la norma que siega la mayoría de los derechos civiles podría convencer a parte de los insurrectos para que abandonen las protestas. Y evitar así que la revuelta siga el mismo camino que la revolución libia.

El domingo se adelantaba que pronto Al Assad podría dirigirse a su pueblo por primera vez en esta crisis para detallar las reformas planteadas y un posible cambio de su gobierno. Su capacidad para «cumplir las expectativas» de la calle y la demostración de liderazgo en ese discurso, señalaba el International Crisis Group, serán fundamentales para su supervivencia política. Enfrentado al desafío más difícil de sus once años de mandato, el rais sirio reacciona después de que el sábado las protestas destruyeran imágenes suyas y de su padre Hafez, se incendiaran sedes del partido Baaz —hoy casi una cuestión de familia— y en el epicentro disidente de Deraa apareciera la consigna de «el pueblo quiere la caída del régimen», importada de las revueltas de Túnez y Egipto. Por la noche, y por primera vez desde que arrancara el conflicto, el presidente ordenaba el despliegue del Ejército en torno a esa ciudad para impedir nuevas manifestaciones. Lo mismo hizo en la mediterránea Latakia, localidad natal de Hafez al Assad.

Allí, los disparos causaron el sábado doce muertos, que según la agencia oficial SANA, al servicio del poder, serían «diez civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y dos hombres de grupos armados», que presuntamente dispararon a la multitud apostados en las cornisas como francotiradores. «Los alborotadores no son sitios y su nacionalidad será revelada pronto», subrayaba el diario «Al Watan» en apoyo de la sospechosa teoría oficial de que los disturbios son obra de extranjeros desestabilizadores.

La consejera Chabaan agravaba las acusaciones al apuntar como autores a «refugiados palestinos del campo de Ramel», vecino de Latakia. El secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General (FLP-CG) desmintió de inmediato «toda implicación de palestinos de Ramel» en los acontecimientos. Un activista de Human Rights Watch citado por Reuters advertía ayer que en Latakia hubo cuatro policías «aparentemente asesinados por matones cercanos al hermano del presidente», el temible Maher al Assad, jefe de la Guardia Republicana.