Una discriminación que crea fronteras interiores

En síntesis, la foralidad supone que las tres diputaciones vascas y Navarra disfrutan de un régimen que les permite intervenir autónomamente en la política fiscal y en los incentivos que acaban repercutiendo en quienes pagan los impuestos. En la práctica, supone que las diputaciones vascas y Navarra disponen de una herramienta específica con la que no cuentan las regiones vecinas y que estas consideran un agravio, una «competencia desleal». Y es que una empresa —y se han dado casos a lo largo de los años—, a la hora de decidir dónde se instala, puede optar por hacerlo en un punto en el que pague menos impuesto de sociedades. Y en vez de seguir en La Rioja se va a Álava, porque le dan más ayudas o paga menos impuestos. Casos se han dado a lo largo de los años.

La Rioja ha liderado, y lo sigue haciendo, la batalla contra ese «efecto frontera». Lo hace por dos vías. De un lado, exigiendo al Estado que ponga fin a ese agravio. De otro, reclamando que, mientras se siga dando, se compense a La Rioja por lo que pierde cada año, por el dinero que tiene que dedicar para evitar que las empresas se «fuguen» a la comunidad vecina.

A lo largo de los años, han sido decenas los recursos judiciales planteados por La Rioja y una veintena de pronunciamientos que le han dado la razón. Sobre todo, ha acudido a los juzgados en contra de normas económicas aprobadas por las diputaciones vascas, como fijar un impuesto de sociedades inferior al que rige para el resto de España.

Fuentes del Gobierno riojano se quejan de que «el Concierto Económico Vasco —ese trato privilegiado entre el Estado y el País Vasco sustentado en la foralidad— ha sido aprovechado sistemáticamente por las diputaciones vascas para legislar en materias de tributación y de incentivos económicos, entrando en conflicto con las regiones vecinas». La Rioja incluso lo ha denunciado ante la UE.

Ante el Constitucional

El problema se ha agravado desde 2009, cuando Zapatero pactó con el País Vasco el «blindaje» del Concierto Económico, fruto del «trueque» entre las fuerzas políticas vascas y el Gobierno central del PSOE. Ese «blindaje» elimina la posibilidad de recurrir ante la jurisdicción ordinaria las normas que puedan atentar contra la unidad de mercado, como hasta ahora había venido haciendo La Rioja. «Es el colmo que, además de existir esos privilegios que perjudican a las comunidades vecinas, no se pueda acudir a los tribunales españoles para defender nuestros derechos», subrayan desde el Gobierno riojano que preside el popular Pedro Sanz. Él, personalmente, presentó en abril de 2010 ante el Tribunal Constitucional el recurso en contra de ese «blindaje» del Concierto Económico Vasco.

De momento, desde que se aprobó esa sobreprotección de la fiscalidad foral vasca, las diputaciones no han aprobado normas que entran en conflicto con los intereses de las comunidades vecinas. Pero, ¿y si se aprueba alguna norma de ese tipo antes de que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional? Pues que el Gobierno riojano, para defender sus derechos, no podría acudir a los juzgados españoles. La única opción será presentar la correspondiente denuncia ante la Comisión Europea. Para evitar este dislate, el Gobierno riojano insiste en que urge que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que presentó contra el «blindaje» del Concierto Económico Vasco.

Entretanto, el Ejecutivo de La Rioja exige al Gobierno central que le pague para compensar a esta región por el «efecto frontera». Y Sanz se queja de que Zapatero tampoco acepta abonar esa compensación, que sí le llegó en 2003. El Gobierno de Aznar reconoció que se debía pagar a La Rioja por ese «efecto frontera» y le abonó 21 millones de euros por los años 2002 y 2003, un dinero con el que se construyó el Palacio de Congresos de La Rioja. Desde entonces, el Estado ya no ha pagado ni un euro, lamenta el Ejecutivo de Sanz, que insiste en exigirlo.

El presidente riojano recuerda que, para hacer frente a las también llamadas «vacaciones fiscales vascas», su Comunidad tuvo que poner en marcha una política de incentivos para empresas. Lo hace a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Y detalla que, por ejemplo, solo en el año 2004 eso le supuso a su Comunidad unos costes directos de 35 millones de euros, el montante dedicado a incentivos con los que evitar que las ventajas que ofrece el País Vasco le quiten empresas a La Rioja. El Gobierno de Pedro Sanz destaca que de ese dinero que su región dedica a la política de incentivos empresariales más de la mitad los recupera el Gobierno central vía IVA e Impuesto de Sociedades. «Paradójicamente, la Administración central es la gran beneficiada de todas estas medidas planteadas desde el Gobierno riojano», afirma Sanz. Por eso, exige que el Estado costee al menos la mitad de lo que anualmente dedica La Rioja a paliar la competencia que ejercen las ventajas fiscales de los territorios vascos.

Así, el coste del «efecto frontera» que La Rioja reclama al Gobierno central supera ya ampliamente los 100 millones de euros de deuda acumulada: 17,5 millones de euros en 2004, 20,83 millones en 2005, 18 millones de euros en 2006, otros tantos en 2007, 19 millones en 2008... Y suma y sigue.