Uno de cada tres internautas en el mundo sufre la censura en la Red

RSF lanza al mismo tiempo su nueva campaña de comunicación, en la que se destaca el papel de las redes sociales, protagonistas de los movimientos de protesta tras las elecciones de Irán, en 2009, y en la revolución de los países árabes estos meses. «Facebook y Twitter funcionaron como una caja de resonancia, transmitiendo y amplificando las frustraciones y reivindicaciones de los manifestantes», se asegura en el documento.

La nueva era de «Control 2.0» ha llenado de espinas la vida de millones de internautas. RSF resume así el intento del poder por controlar la información: «Se ha reforzado la propaganda y la manipulación. Se generalizó el uso de ciberataques tipo DoS (denegación de servicio), así como la práctica de «phishing», el robo de las contraseñas de los usuarios para obtener información confidencial; se cortó internet en Egipto y luego en Libia para intentar, en vano, acabar con los movimientos opositores al poder establecido». Al cabo, actualmente, 119 internautas se encuentran en prisión: setenta y siete encarcelados en China, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo; dieciocho en Vietnam y nueve en Irán.

En la lista de «enemigos de internet», elaborada con los países que impiden la libre circulación en la Red, Reporteros sin Fronteras sitúa a Cuba, Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Irán, Siria, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam. En Cuba, en concreto, se ha desarrollado un «mercado negro» de internet con diferentes métodos para esquivar la censura. La estrategia represiva se completa con una persecución de los «blogueros» críticos con el régimen, gracias a un «arsenal jurídico particularmente disuasorio». «Los internautas cubanos se enfrentan hasta a veinte años de prisión si publican un artículo “contrarrevolucionario” en internet alojado en el extranjero», se explica en el informe de RSF.

En el rincón de los países «bajo vigilancia» encontramos por primera vez a Francia, a cuenta de la Ley Hadopi contra las descargas ilegales, que permitiría cortar la conexión de los «piratas». Para RSF, «el acceso a internet es un derecho fundamental y la suspensión constituye una violación de la libertad de acceso a la información».