El voto extranjero se reivindica

Y es que ante la falta de información generada en los últimos meses, el Gobierno decidió en su momento ampliar hasta el 25 de enero el plazo para que pudieran apuntarse en el censo de las próximas elecciones municipales aquellos inmigrantes que residen de manera legal en España y que proceden de países con los que hay convenios bilaterales para el ejercicio del voto.

La opción de registrarse en el censo afectaba a un mosaico singular de nacionalidades: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Cabo Verde, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. Los ciudadanos de dichos países podrán ejercer el derecho de sufragio el próximo 22 de mayo siempre y cuando lleven residiendo legalmente en España al menos 5 años.

Aun siendo una realidad que depende de cada acuerdo bilateral, lo cierto es que llama la atención la inclusión de países como Nueva Zelanda, cuya población en España se antoja más que exigua, mientras se obvian naciones con mayor presencia y vínculos con nuestro territorio, como son Venezuela, Argentina, Uruguay, Marruecos o Senegal. En cualquier caso, y siguiendo las cifras de la Oficina del Censo Electoral, un total de 465.661 extranjeros podrían participar en las urnas, mientras que en las Islas los guarismos potenciales rondan los 28.500.

Diseccionando estos datos, Santa Cruz de Tenerife sería la octava provincia en cuanto a cuota de protagonismo extranjera (16.304 votantes), mientras que Las Palmas copa el undécimo lugar (12.290) en un singular ranking que curiosamente lidera la turística Alicante (con 77.476 posibles sufragios) por encima de Madrid y Barcelona. Con ello se evidencia que en municipios como Arona, Pájara, San Bartolomé de Tirajana, Adeje o incluso la capital grancanaria, el papel de los inmigrantes y ciudadanos europeos puede suponer un aliciente especial que los distintos grupos políticos tendrán muy en cuenta.

Sin embargo, son muchas las inquietudes y preocupaciones que los extranjeros esbozan en este proceso. De hecho, la Oficina del Censo Electoral había dirigido cartas personalizadas a los extranjeros residentes que tienen derecho a inscribirse explicándoles el procedimiento. Muchos de ellos, como contraste, no habían recibido aún su sobre y ni siquiera los respectivos mecanismos de información parecían haber funcionado con todas las garantías. «Hay países que no están representados en esta nueva realidad electoral y eso en el futuro se debería rectificar», afirma Luc André, secretario de Inmigración de Comisiones Obreras de Canarias.

Además, André es cónsul honorario de Senegal, lo que le permite lanzar una afirmación más que contundente: «En estas elecciones, el continente africano solo estará representado por los ciudadanos de Cabo Verde», argumento demoledor y elocuente, ya que todo el Magreb se queda nuevamente en el olvido. Por otro lado, censura el uso político que se hace del factor inmigrante en las elecciones, tanto en lo positivo como en la negativo. Y en ello se entroncan algunos de los argumentos destilados por el actual Gobierno de Canarias. Y es que el control de los niveles de población expuesto por el actual presidente, Paulino Rivero, conjugado con la afirmación «el empleo, primero para los canarios», ha dejado a la población extranjera en una compleja e incómoda tesitura. Además, los últimos sondeos del Consejo Económico y Social de Canarias habían detectado un empeoramiento de la imagen de los ciudadanos foráneos cuando, curiosamente, los flujos migratorios son ya más que negativos.

Para Mabel Natalia, peruana de La Oliva (Fuerteventura), el mensaje de Coalición Canaria parece que ha calado en el Archipiélago. «Los canarios se quejan de que les quitamos el empleo cuando en realidad hemos aceptado los trabajos que ellos no querían hacer». Tras regularizarse en el año 2000, Mabel sufre en sus carnes la realidad de muchos compatriotas que quieren ejercer su recién adquirido derecho y ven con impotencia cómo la compleja burocracia administrativa va enterrando sus ilusiones. «Tenemos muchos deberes que cumplir, y cuando por una vez conquistamos un derecho, estamos muy concienciados de la importancia de este hecho», resume.

Por su parte, Diana Piedad Cabas, exhala sus impresiones desde Corralejo: «El panorama está tan complejo con tanto partido político... que si NC, CC, PIL, PP, PSOE... Pero lo que me sabe mal es que algunos de ellos nos traten como garrapatas y encima en este censo se olviden de comunidades como la argentina, la uruguaya o la venezolana», apostilla esta señora de 45 años natural de Cali.

«Fundamentalmente, el empleo y la sanidad son las principales preocupaciones de todos ellos», afirma Ramón Ruiseñor, uno de los portavoces de las distintas asociaciones de inmigrantes que han cobrado fuerza en estos últimos meses.

Aun disfrutando de la doble nacionalidad (argentina y española) desde hace más de tres décadas, Ruiseñor desglosa «el hondo malestar» de varios colectivos: «Duele que ciertos clichés se impongan en una tierra que en el pasado se caracterizó por la emigración a América. Temo que los políticos usen a estos colectivos como títeres, cuando podrían ver la nueva coyuntura como una oportunidad real», explica.

Aunque en general se evita hablar de siglas, varios de estos colectivos no dudan en señalar a Coalición Canaria como uno de los grupos políticos que podrían salir más desfavorecidos por este sufragio extranjero.

Desde CC, en cambio, se recuerda el Plan Canario de Inmigración fraguado a comienzos de la pasada década, recalcando que el PP fue el único partido que no lo firmó.

Como contraste, el popular Fernando Toribio recalca los motivos de aquella negativa: «En algunos pasajes del documento se nombraba a los peninsulares explícitamente como “godos”, y ellos se negaron a cambiarlo. Recuerdo que en aquel entonces se llegó a un pleito considerable», subraya. Si con esos términos se quiso configurar un documento oficial sobre la inmigración, se antoja evidente el clima de desconfianza e impotencia de la población foránea.