El Gobierno flexibilizará las exigencias a las cajas ante la presión de CiU y PNV

Se trataría, por un lado, de relajar las exigencias de capital. En una misiva que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, envió a la patronal bancaria y a la confederación de cajas de ahorros fijaba un «core capital» mínimo del 10% para las entidades no cotizadas. Después de anunciar una cifra concreta es difícil que el Ejecutivo rebaje ahora esta cantidad, pero lo que sí puede hacer es incluir una definición más laxa de «core capital», de modo que pudiera considerarse capital básico o principal algunas partidas que engordarían la cifra. En el fondo, se trataría de rebajar las exigencias de capital sin reducir la cifra.

Además el Gobierno, que hasta ahora se había mantenido totalmente inflexible en lo que a los plazos se refiere, y había fijado septiembre como fecha límite para que las entidades lograran las nuevas exigencias de capital, podría plantearse alargar los plazos para lograr los apoyos parlamentarios que necesita.

Las cajas han exigido más tiempo para buscar financiación en Bolsa. Argumentan que si todas las entidades salen a la vez al mercado en busca de financiación, tirarán los precios y además, probablemento no lograrán captar el capital que necesitan. Y es en este punto en el que el Gobierno parece más dispuesto a ceder, según confirman a ABC fuentes de la negociación.

Las entidades de ahorros también están preocupadas por quién se quedará finalmente con la parte de las cajas que se saque a Bolsa. O lo que es lo mismo, por qué porcentaje se obligará a colocar entre inversores institucionales. Las cajas argumentan que ya que se tienen que malvender en el mercado, al menos que se permita captar la financiación entre pequeños inversores, los propios clientes de las cajas. Sin embargo, si se exige un porcentaje muy alto de inversión institucional, finalmente lo más probable es que las entidades financieras españolas queden en manos de fondos internacionales, y eso es lo que las cajas quieren evitar.

Pero hay una exigencia a la que el Gobierno no está dispuesto a renunciar. Su intención es que la entrada del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) en las cajas que no logren alcanzar el mínimo de capital exigido sea una intervención en toda regla, que suponga no sólo una reestructuración de la entidad nacionalizada, sino también, muy probablemente, la expulsión de los actuales gestores.