Las clínicas abortistas rechazan los últimos retoques a la «ley Aído» porque suponen un «retroceso» para la mujer

Así lo ha manifestado este miércoles el presidente de ACAI, Santiago Barambio, para quien los problemas que presentan estos Reales Decretos es que, por los últimos cambios introducidos en estos textos, a las menores de 16 a 17 años no les bastará con el consentimiento informado de los padres o tutores para abortar, tendrán que acudir a la clínica acompañadas por uno de ellos.

"Las mujeres de 16 y 17 años, después de la gran discusión nacional que hubo con las menores, al final tendrán que ir acompañadas de sus tutores , según este real decreto ley. Por lo tanto, están absolutamente igual que antes. Para este viaje no hacía falta tanta alforja", ha señalado Barambio.

También se queja de que el médico tendrá la responsabilidad de decidir si está fundado que una menor no informe a sus padres por miedo a episodios de violencia doméstica, pues el derecho de decidir del facultativo podría entrar en conflicto con el derecho de los padres a ser informados, lo que podría acabar en los tribunales.

"Si la menor dice que sus padres o tutores no tienen que estar enterados, por la razón que ella considere, ésto lo tendrá que exponer ante el médico y el médico tendrá que decidir si es así o no, con lo cual vuelve a estar otra vez en situación de indefensión jurídica", advierte Barambio.

Asimismo, denuncia que estos reglamentos "ponen trabas" al acceso en igualdad de condiciones al aborto en todas las comunidades autónomas, uno de los objetivos principales de la ley, y crean la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan "ideologizar" la información que se da a la mujer que decide abortar.

"Garantizar la igualdad en todo el territorio era otro motivo para cambiar de ley, porque sabíamos que había autonomías que aplicaban diferentes criterios, incluso autonomías que tenían literalmente prohibido el aborto en su territorio. Esto tampoco lo mejora porque da tal libertad de acción a las comunidades autónomas que volveremos a tener variaciones significativas de la aplicación de la ley", señala.

"Otro problema que motivó el cambio de ley era mejorar la accesibilidad (...) consideramos que hemos dado pasos atrás y que la accesibilidad puede ser muy complicada por lo mismo: porque cada comunidad autónoma puede arbitrar los pasos que la mujer tiene que dar para acceder al aborto y los puede complicar tanto que la accesibilidad sea nominal, pero no formal, es decir, que sea ficticia", indica.

Además, señala que los textos aprobados no aclaran qué se entiende, legalmente, como semana de gestación, algo imprescindible para fijar cuándo comenzó el embarazo. "No se define lo que son semanas de gestación. Pedimos que lo precisaran en la ley y nos dijeron que se pondría en los decretos que la desarrollarían, pero tampoco ahí aparece la definición de semana", ha señalado.

"Eso nos lleva a contradicciones en cuanto a eso que llamamos gestación, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la gestación como algo que empieza cuando finaliza la anidación, y la anidación es 21 días después del primer día de la última menstruación", ha señalado.

"Por lo tanto, ahí hay una discrepancia y 14 semanas de gestación, si no está definido en el texto, queda un tanto ambiguo y nos podría llevar a interpretaciones distintas por distintos profesionales, pero también a interpretaciones distintas por personas que consideraran que esto podría ser objeto de denuncia", añade.

Para Barambio, los Reales Decretos aprobados el viernes son "fruto de una reflexión apresurada" y van en contra del espíritu de la ley, con la que sí están de acuerdo. Considera "agotada" la vía del diálogo con el Gobierno, pues los ministerios implicados han tomado ya una decisión, por lo que intentarán proponer a las comunidades autónomas vías de actuación eficaces para gestionar estos procesos, basadas en sus 24 años de experiencia practicando abortos.

Según el abogado José Antonio Bosch, asesor de ACAI, el desarrollo de la ley ha sido "poco valiente" y ésto podría tener que ver con el hecho de que el texto final de los reglamentos no está firmado por el Ministerio de Igualdad, sino que emanan de Presidencia y del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Además advierte de que dar tantas responsabilidades a las autonomías en la aplicación de la ley puede degenerar en su incumplimiento ya que, a cinco días de su entrada en vigor,

duda de que todas las autonomías cuenten con los comités clínicos que deben decidir sobre los abortos por malformación tras la semana 22.

Tampoco cree que esté lista a tiempo la documentación que deberán llevar los sobres que tienen que recibir las mujeres que vaya a abortar, pues hasta el momento sólo han

confirmado que la tienen preparada la Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria. Cataluña, dice, "aún la está elaborando".

En esta linea, también advierte de que esta información, cuya naturaleza y cantidad decidirán las autonomías, podría tener "carga ideológica". "En derecho, no hay forma de discutir si

una comunidad introduce más información que la mínima, lo que quiere decir que los sobres pueden alcanzar carácter ideológico según quién los distribuya, porque la ley lo que regula

es lo mínimo, no lo máximo, que es lo que nosotros entendemos como un elemento de inseguridad y que podía llegar a ser de coacción", concluyó.

30/Jun/2010 15: 45: 38 (EUROPA PRESS) 06/30/15-45/10