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El juez Velasco denuncia que el Gobierno de Chávez colaboró con ETA y las FARC
La acusación del juez Eloy Velasco contra el Gobierno de Hugo Chávez tiene una trascendencia política mayúscula. Hasta ahora eran conocidos los vínculos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con ETA, pero nunca desde un órgano jurisdiccional, en este caso la Audiencia Nacional, se había puesto en el centro de la diana al dictador bolivariano. Donde hasta ayer había meras sospechas, el magistrado ha encontrado indicios suficientes de una «manifiesta cooperación gubernamental» del Ejecutivo venezolano «en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA». Así lo expresa en el auto en el que procesa a seis etarras y a siete narcoterroristas. También revela la iniciativa de los jefes de las FARC de contar con ETA para cometer atentados, ente ellos el del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su antecesor Andrés Pastrana.
En el triángulo formado por el Gobierno de Chávez, las FARC y ETA hay un punto clave: Arturo Cubillas Fontán, de 46 años, que compaginaba su servicio a ETA como responsable del colectivo de etarras refugiados en Venezuela con su cargo en el Gobierno Chávez, como director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura del país. Este puesto lo consiguió gracias a su mujer, la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade, quien ha ostentado cargos en el Ejecutivo de Venezuela desde que en 1999 Chávez se hizo con el poder.
Pero además Cubillas era el enlace entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ETA no sólo para planificar cursillos de entrenamiento conjuntos, sino también para preparar atentados. Por este último motivo, al igual que a los narcoterroristas Víctor Ramón Vargas y Edgar Gustavo Navarro, el juez imputa a Cubillas un delito de conspiración para cometer homicidios terroristas por su relación con los planes para atentar en España contra políticos colombianos.
Atentados en España
Para llevar a cabo esas acciones, el magistrado destaca el hecho de que las FARC pidieron ayuda a ETA para poder localizar a dirigentes colombianos, entre ellos al presidente Álvaro Uribe, y a su antecesor, Andrés Pastrana, «con el fin de atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la UE». También los narcoterroristas planearon atentar en nuestro país con la ayuda de ETA contra la ex embajadora en Madrid Noemí Sanín, contra el vicepresidente, Francisco Santos, e incluso contra el ex líder terrorista y senador colombiano Bernardo Gutiérrez.
Para planificar los ataques, Víctor Ramón Vargas, siguiendo instrucciones del dirigente de las FARC EdgarGustavo Navarro, se desplazó en el año 2000 en dos ocasiones a España para realizar una vigilancia sobre la embajadora Noemí Sanín y el ex presidente Andrés Pastrana. Vargas transmitió a la cúpula de las FARC «que no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA».
En esta comunión de intereses terroristas de ETA y las FARC tuvo un papel clave el etarra y directivo de Chávez. Fue precisamente Cubillas quien «se encargó de contactar con la dirección de la organización en Francia -dice el juez Velasco en el auto de procesamiento- para concretar una reunión a celebrar en la segunda quincena de enero de 2004 entre un representante de ETA y Raúl Reyes, dirigente de las FARC» ya fallecido. El encuentro auspiciado por el empleado de Chávez fue cancelado por ETA, pese a que la banda estaba dispuesta a entrevistarse con Reyes. El motivo que alegó fueron «las continuas detenciones de dirigentes de la banda que se produjeron en 2004». El magistrado destaca que esos arrestos «debilitaron de forma sustancial los aparatos militar y logístico» y «especialmente la operación del 3 de octubre de 2004 que permitió la detención de Mikel Albizu y Soledad Iparraguire», dos de los máximos cabecillas de la banda por aquellas fechas.
Preparativos
Durante la preparación de la reunión entre el nacoterrorista Reyes y el dirigente etarra, varios cabecillas de las FARC mantuvieron comunicaciones internas, algunas de la cuales incluye el juez Velasco en el auto de procesamiento. En una, el 6 de diciembre de 2003, Luis Edgar Devia Silva dice a Manuel Marulanda: «Gente de ETA y otros más proponen venir el 20 de diciembre en adelante o primeros quince días de enero. Necesito definir si los recibo esos días o si mejor los citamos para marzo o abril».
En otra conversación, registrada el 17 de julio de 2004, el cabecilla de las FARC Rodrigo Granda Escobar dijo a Raúl Reyes que «los de ETA dieron el perfil del personaje, dicen que han tenido un mal año con muchas detenciones de gente de su dirección y que por el momento es imposible que alguien de ellos pueda moverse por razones de seguridad».
Esta conversación fue analizada por los especialistas de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y de la Comisaría General de Información de la Policía y en el estudio realizado vuelve a aparecer el etarra y directivo del Gobierno de Chávez. Los expertos antiterroristas señalan que «Granda Escobar informa a Raúl Reyes de que el representante de ETA (Arturo Cubillas Fontan) le ha informado de la imposibilidad de desplazarse a territorio colombiano de un miembro de la dirección de ETA, al objeto de mantener contacto».
Por todo ello, el magistrado precisa que «Arturo Cubilla Fontán, responsable del colectivo de ETA en Venezuela, participó de forma decisiva en la intensificación de contactos entre ETA y las FARC, abarcando tales contactos la realización de cursos de adiestramiento militar a miembros de ETA en la selva colombiana, y como contrapartida, ETA se comprometía a la localización en España de objetivos de acción terrorista por parte de la FARC».
Cursillos
Los cursillos tuvieron lugar entre los años 2003 y 2008 y consistieron en el intercambio de conocimientos militares y técnicas para la fabricación de explosivos y granadas. Alguno de ellos se realizaron en territorio venezolano, en bases que las FARC tienen en ese país. «ETA instruía a las FARC en la aplicación de las técnicas más modernas de guerrilla urbana, en el uso de determinados explosivos y en la confección de artefactos iniciados por movimiento y mediante teléfonos móviles», señala el auto de Velasco.
El juez también asegura que fueron las FARC las que en diciembre de 2003 instruyeron a cuatro militantes de la banda criminal sobre el manejo de misiles tierra-aire. Se da la circunstancia de que un año más tarde se requisaron dos misiles de este tipo a los etarras Mikel Albizu y Soledad Iparraguirre durante su detención en Francia. Con estos artefacto ETA quiso matar al entonces presidente del Gobierno José María Aznar durante sus deplazamientos al País Vasco con motivo de las elecciones autonómicas de 2001. Los misiles, por fortuna, fallaron.
Los encargados de la coordinación de los cursillos fueron Emiro del Carmen Ropero, por parte de las FARC, y el directivo de Chávez, Arturo Cubillas, por parte de ETA.
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