Cuando el cobrador se convierte en extorsionador

Los afectados reciben llamadas en las que les amenazan con revelar públicamente que deben determinadas cantidades si no proceden al pago de las supuestas deudas. En determinados casos, las empresas incluso facilitan esta información a familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo.

También hay casos de empresas que recurren a insultos e incluso se atreven a amenazar, especialmente a ancianos, con que el impago de la supuesta deuda podría provocarles que el acreedor se quedase con su vivienda o les llevase a la cárcel.

La asociación de consumidores recuerda que la revelación a terceros de la situación de morosidad de un consumidor sin su consentimiento vulnera la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

Las empresas saben que recurrir a los tribunales para lograr el pago de las supuestas deudas es un procedimiento mucho más costoso que exigirlo mediante cartas y llamadas telefónicas, método que incluso puede darles mejores resultados que la vía judicial si no disponen de pruebas suficientes de su existencia, como ocurre en muchas ocasiones, según la asociación.

Por otra parte, Facua alerta de casos en los que los consumidores han sido incluidos en registros de morosos sin que previamente fuesen informados. De esto modo no pueden ejercer su derecho de oposición argumentando, en su caso, la inexistencia de la deuda o que su cuantía era incorrecta y por tanto estaba siendo objeto de una reclamación. La inclusión sin previo aviso en ficheros de insolvencia patrimonial también es una actuación contraria a la Ley Orgánica de Protección de Datos.