El pujante narcotráfico declara la guerra a México

José Reyes Ferriz, alcalde de Ciudad Juárez, tiene de qué preocuparse. El miércoles de la pasada semana, los narcotraficantes le dieron 48 horas de plazo a su secretario de Seguridad Pública municipal, el mayor retirado Roberto Orduña Cruz, para que renunciara al cargo. En caso contrario, comenzarían a matar policías municipales todos los días. La advertencia se produjo horas después de la ejecución del director operativo de la Policía municipal y sus tres escoltas. El viernes, los criminales cumplían su palabra y ejecutaban a un policía ministerial, un agente de tráfico y un funcionario de prisiones. Roberto Orduña salía del despacho para no volver.

La oficina de Prensa del Ayuntamiento de esta turbulenta ciudad fronteriza insiste en que «el gobierno municipal de Juárez no le resta importancia a las amenazas clandestinas aparecidas en diferentes puntos de la ciudad, pero ratifica su compromiso con los juarenses de mantener el control de la Policía municipal, de continuar la depuración de malos elementos y designar mandos sin vinculación con ninguna organización delictiva. Se informa a la comunidad que la agenda del alcalde no será alterada ni disminuida; por obvias razones se extremará su seguridad en todos los actos de carácter público».

El propio edil reconocía que la delincuencia organizada pretende controlar a la policía de la ciudad, «pero no nos vamos a dejar». Se le pasó por alto que el antecesor de Orduña al frente de los agentes locales, Guillermo Prieto, también tuvo que plegar velas a mediados de 2008 a «petición» del crimen organizado.

Chihuahua, fuera de control

Chihuahua, el estado mexicano al que pertenece Ciudad Juárez, es un territorio fuera de control, que parece no conocer otra ley que la que impone el hampa. Su gobernador, José Reyes Baeza, salía ileso el pasado martes del ataque de un comando contra la comitiva en la que viajaba. En el atentado resultó muerto uno de sus escoltas.

El Gobierno central asegura no haber entregado la plaza, y se mantiene firme de palabra en su intención de imponer el poder del Estado en la región. Pero de poco ha servido el despliegue por el territorio de más de dos mil efectivos militares, 500 uniformados de la Policía Federal Preventiva y decenas de agentes del Ministerio Público Federal y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Las autoridades estatales se quejan de haberse «quedado solos en la lucha contra el narcotráfico».

Y, sí: se están quedando solos. Y cada día más, pues el número de muertos aumenta de manera exponencial. El promedio diario de asesinatos ligados al narcotráfico en Chihuahua casi se ha triplicado en los dos primeros meses de 2009, con relación al mismo periodo del año anterior: de 2,5 asesinatos en 2008 se ha pasado a 6,6 en enero y febrero. Chihuahua terminó 2008 con 2.400 «narcocrímenes», casi el 40 por ciento de los 6.290 registrados en todo el país. Este año en Chihuahua se han cometido la mitad de los más de mil crímenes que se llevan contabilizados.

El cártel de Sinaloa estaría detrás de esta ola de violencia y crueldad, en la que no faltan los cuerpos salvajemente torturados, desmembrados y disueltos en ácido. Los sicarios de Joaquín «El Chapo» Guzmán —y sus lugartenientes: Ismael «El Mayo» Zambada y Juan Jesús Esparragoza «El Azul»— pretenden hacerse con el control del tráfico de drogas (y otro tipo de actividades mafiosas, como el secuestro y la extorsión) en toda la república mexicana. Para ello, están enfrentados en su tierra natal al clan de los hermanos Beltrán Leyva, al cártel del Golfo y al brazo armado de éste, «Los Zetas», un grupo de ex soldados de elite que se cambiaron de bando por una suculenta suma.

Joaquín Guzmán Loera se independizó del cártel de Guadalajara para emplearse por cuenta propia. Su prontuario criminal lo llevó a prisión en 1995, pero seis años más tarde sobornaba a autoridades y custodios del penal de Puente Grande y se daba a la fuga. Desde entonces, es uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos.

En la sombra, «El Chapo» Guzmán ha extendido sus redes criminales y su rastro puede seguirse en toda la frontera: desde Tijuana, a cuyo cártel (dirigido por los hermanos Arellano Félix) le disputa el territorio, hasta Tamaulipas. Sus huellas son visibles también al sur del país, en la frontera con Guatemala, y en otras naciones del continente. A «El Chapo» ya se le conoce como el «el Escobar mexicano», en referencia al célebre narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Pero da la impresión de que la partida se disputa, sobre todo, en Chihuahua. Y, más concretamente, en Ciudad Juárez, convertida en una localidad fantasma (ni rastro del turismo que solía cruzar el puente internacional desde El Paso), sacudida por las ráfagas de ametralladora, los estruendos de las armas de alto poder y las sirenas de patrullas y ambulancias.

«Decían que eran gente del “Chapo”. Que los habían mandado para que nos cargara la chingada a todos los de Villa Ahumada», contaba en la prensa local uno de los secuestrados que sobrevivieron al choque entre sicarios y militares el pasado 10 de febrero, y que dejó un saldo de 21 muertos. Son la «Gente Nueva», células de sicarios y operadores del cártel de Sinaloa desplegados en Chihuahua. Se trata de jóvenes de entre 20 y 35 años que llegan procedentes de municipios de Sinaloa como Ahome, Bacayopa Choix, Chinobampó, San José de Gracia o La Mesa de San Miguel en vuelos comerciales a Chihuahua y Ciudad Juárez, según información de la inteligencia militar.

En busca de armas en Texas

Una vez en Chihuahua, sus «padrinos» les proporcionan vehículos nuevos de alta gama, casi siempre robados, que circulan sin placas o con matrículas de la vecina Texas. Allí, al otro lado de la frontera, es donde se surten de su variado y numeroso armamento. Bien pertrechados, en parejas o en grupos de a cuatro, le pelean la calle noche y día al grupo La Línea, operadores y sicarios del cártel de Juárez que comanda Vicente Carrillo Fuentes «El Viceroy». No importa el lugar ni la hora: se han registrado enfrentamientos a tiro limpio en centros comerciales durante horario de máxima afluencia de público.

Esta «Gente Nueva» se despliega por una docena de municipios chihuahuenses con diferentes misiones: dar protección y cobrar la misma, cometer asesinatos y extorsiones y supervisar las rutas de contrabando de drogas, dinero y armas.

Pero, aunque el Gobierno mexicano pretende limitar la acción del narco a «tres estados» —según palabras de la canciller, Patricia Espinosa—, la triste realidad cruza el país de norte a sur (de Nuevo León a Guerrero), y de este a oeste (de Quintana Roo a Michoacán), pasando por el centro: Distrito Federal, Jalisco, Estado de México...

En la turística Cancún, el crimen organizado asesinaba semanas atrás a un general del Ejército retirado, Mauro Enrique Tello Quiñones, que colaboraba como asesor de seguridad pública del alcalde. También fueron ultimados su asistente, el teniente de Infantería Gertulio César Román, y un civil. Los tres habían sido brutalmente golpeados. En esa misma localidad fue detenido Marco Antonio Mejía López, ex director de la cárcel municipal, por su presunta participación en la delincuencia organizada y delitos contra la salud. También caía Francisco Gerardo Velasco, alias «El Vikingo», director de Seguridad Pública Municipal, quien prestaba sus servicios al cártel del Golfo.

La «impunidad y corrupción en todos los niveles del Gobierno» de México y la «falta de transparencia y la ineficiencia en el aparato judicial», en frases del último informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos, son otras dos infranqueables barreras con que se encuentra el Ejecutivo de Felipe Calderón para la guerra que ha emprendido contra el narcotráfico.

Medio millón de agentes (casi cinco por cada mil habitantes), descoordinados en más de 1.600 cuerpos policiales diferentes, mal preparados, mal equipados y peor pagados (unos 500 euros al mes de media) son blanco fácil para las bandas criminales. Así, de 56.000 agentes examinados por la Procuraduría (Fiscalía) General de la República, casi la mitad no superaron la prueba. De los nuevos 11.000 policías federales, la mitad tampoco es de fiar.

Y, en el terreno político, el Gobierno no encuentra apoyo cerrado ni dentro de sus propias filas. Así, el secretario (ministro) de Gobernación, Fernando Gómez Mont, achacó la ola de violencia a las omisiones de administraciones anteriores, incluida la de Vicente Fox, compañero del Partido Acción Nacional (PAN). Su antecesor durante los primeros años del sexenio foxista, Santiago Creel, calificó esas declaraciones como «reprobables» e «irresponsable».

Creel recordó que todos los encargados de la seguridad pública con los que cuenta Calderón también estuvieron al frente de esa batalla con Fox. Y echó mano a las hemerotecas y a la calculadora y recordó que durante la pasada administración jamás se registraron índices de violencia tan elevados: «Simplemente, ahora es el doble».

Hace siete días se superaba la cifra de mil muertos en lo que va de año. Según el diario «El Universal», los primeros mil asesinatos de 2008 se registraron el 22 de abril. En 2007 se llegó a esa cifra el 14 de mayo, mientras que en 2006 hubo que esperar hasta el 1 de julio para alcanzar el millar de víctimas del narcotráfico.