La polémica venta de los grecos de San José

El 8 de noviembre de 1906, Alejandro Saint-Aubin, pintor, periodista y diputado del partido liberal, preguntaba en el Congreso al ministro de Instrucción Pública, Amalio Gimeno, si era cierto que se habían vendido varios grecos de la Capilla de San José de Toledo a un conocido marchante parisino. Desde el Ministerio se cursó un telegrama al gobernador civil requiriéndole que paralizase la venta si aún estaba a tiempo o que, si ésta se hubiese materializado ya, procediese a detener la expedición de los mismos, si era posible. Asimismo se preguntó al cura de la capilla sobre la veracidad de los hechos, respondiendo el clérigo que nada sabía al respecto. De forma paralela se pidieron informes para conocer si los patronos de la fundación que regía la capilla tenían potestad para enajenar sus bienes o no. Para conseguir un conocimiento más exacto de los comentarios, el subsecretario de Instrucción Pública, José Herrero, se trasladó personalmente a Toledo . La venta quedó, de momento, paralizada. Sin embargo ello no fue nada más que un paréntesis. La calma que antecede a la tempestad.

Un año después, el 9 de octubre de 1907, El Imparcial de Madrid publicaba un suelto donde se afirmaba que «entre los chamarileros madrileños circula el rumor de que dos importantísimos cuadros del Greco pertenecientes a una iglesia de Toledo, han caído en manos de cierto audaz negociante francés». Se decía que podrían ser los mismos cuadros cuya venta se abortó meses atrás y que habían sido sacados de la ciudad de madrugada, bien ocultos, y que se pensaba improvisar unas copias para colocarlos en el lugar de ocupaban los originales.

Una de las primeras personas en reaccionar ante esta noticia fue la escritora Carmen Burgos Seguí, Colombine. El 11 de octubre publicó una crónica en Heraldo de Madrid, donde relataba su frustrado intento de comprobar personalmente si los lienzos permanecían o no en la Capilla de San José, fracasando en su objetivo al no serle franqueada la entrada al oratorio, recibiendo del capellán la explicación de que los cuadros estaban tapados por unas gruesas cortinas que no podían descorrerse. Añadía que según rumores de la calle, la venta se habría cerrado en una cantidad de entre 50.000 a 60.000 duros.

Una semana después, bajo el título de «Los cuadros del Greco»,Colombine, relató en el diario madrileño las numerosas gestiones que había realizado en la ciudad para intentar aclarar la venta. Contaba que el cardenal Sancha le indicó que el conde de Guendulain se había dirigido al arzobispado solicitando permiso para vender los cuadros, trasladando el expediente a la Nunciatura y añadiendo el prelado que así había conseguido autorización para la venta, puesto que los grecos eran de su propiedad. Sancha se quitaba responsabilidades de encima insinuando que la operación hubiera podido evitarse si el Estado dispusiera de normativas para evitar la venta de obras del arte al extranjero. La siguiente autoridad con quien se entrevistó la escritora fue el marqués de la Fuensanta de Palma, gobernador civil, quien dijo que el conde había presentado un escrito a la Junta de Beneficencia interesando respuesta a la posibilidad de vender los cuadros para un fin piadoso, devolviéndosele la petición por no considerarla de competencia gubernativa. Y el alcalde, José Benegas y Camacho, poco más añadió, señalando que él se enteró del asunto estando en Madrid.

«Después de todas estas conferencias –concluía Colombine- me queda sólo una triste impresión, que puede condensarse en un vulgar refrán: «Entre todos la mataron». Sí, la Iglesia con su consentimiento; el Estado con su abandono, los dueños con su egoísmo y el pueblo con su indiferencia, todos han contribuido a esta expoliación de las obras de arte y a estos abusos que lamentamos». La escritora decía que solamente la Sociedad Defensora de los intereses de Toledo, presidida por Gregorio Ledesma, estaba tratando de averiguar la verdad de la venta, barajando incluso la posibilidad de ejercer la acción popular sobre los culpables de estos abusos. Significar que todos los interlocutores citados, relataron a la cronista diferentes casos de venta de objetos artísticos ocurridos en Toledo y la facilidad con que estas operaciones comerciales se materializaban.

Y la cierto es que nos les faltaba razón. Aquellos primeros años del siglo XX están considerados como la época dorada del coleccionismo internacional. El especialista en la obra del Greco, José Álvarez Lopera, cifró en más de una veintena las obras de Theotocópuli que entre 1902 y 1909 salieron al extranjero, disparándose sus precios. Coleccionistas como el matrimonio Havemeyer recorrían nuestro país en busca de quien estuviera dispuesto a venderles obras de los maestros españoles. Y no era difícil encontrarlos entre nobles interesados en monetizar su patrimonio artístico o entidades necesitadas, como el cabildo de la catedral de Valladolid que se deshizo de algunos grecos, por la cantidad de 25.000 pesetas, para comprar un órgano nuevo.

Conocida la venta de los cuadros de San José, en el ayuntamiento toledano el concejal republicano Luis de Hoyos mostraba su indignación y exigía que desde el consistorio se apoyase la aprobación de normas legales para prohibir la venta de ciertos objetos de valor artístico, mientras que el conservador Teodoro de San Román, aún estando conforme con esa propuesta, estimaba que los particulares tenían derecho a disponer de sus bienes. Más claro lo tenían otros sectores de la opinión pública, como el semanario La Campana Gorda donde se sostenía que el conde de Guendulain sólo era patrono de la Capilla y los objetos contenidos en la misma no eran de su libre propiedad. Señalando que «la imperial Toledo contempla su despojo y calla»; añadiendo que «con pasividad suicida» presenciaba «como la avaricia de algunos y la incuria de todos van poco a poco laborando su ruina [de la ciudad] y arrancando joyeles de su espléndida corona». De igual parecer era el pedagogo, crítico de arte y pintor Francisco Alcántara, quien en noviembre de 1906, cuando el primer intentó de venta, escribió un duro artículo en El Imparcial criticando tanto la actitud de Guendulain como la pasividad de la sociedad toledana. «¿No es vergonzoso –se preguntaba como conclusión del mismo- que ciudad tan ilustre como Toledo carezca del vigilante orgullo de sus propios tesoros, de ese orgullo que se revuelve en airadas manifestaciones de egoísmo local frente a la imprudencia temeraria con que, sobre todo la gente de iglesia, olvida a diario el carácter nacional de las obras de arte existentes en los templos?».

Pero no todos los sectores sociales opinaban igual. Los semanarios El Castellano, editado por el Arzobispado, y El Porvenir, de orientación carlista, justifican la posición del conde o trataban de quitar dramatismo a la venta. Pese a esta actitud laxa, muchos toledanos recordaban como en 1902 el cuadro de San Bernardino, perteneciente a los fondos del Instituto Provincial había sido trasladado a Madrid para la exposición que sobre el Greco se hizo en el Museo del Prado , no habiendo regresado hasta el momento a la capital, pues el conde de Romanones, ministro de Instrucción Publica, decidió personalmente adscribirlo al museo madrileño. Esta exposición, la primera monográfica que se hizo sobre las obras del cretense, no solo contribuyó a dar un singular espaldarazo al reconocimiento de su obra, sino que acrecentó el interés de los coleccionistas internacionales por poseer pinturas suyas.

Materializada la salida de los dos cuadros de la Capilla de San José, desde las páginas de los diarios y las tertulias de los cafés, la venta llegó hasta las tribunas del Congreso y del Senado. Diferentes interpelaciones al gobierno no aportaron muchas luces, siendo el propio conde de Guendulain, Joaquín María Mencos y Ezpeleta, quien, curiosamente, con más claridad se pronunció. El 30 de octubre, en la Cámara Alta, justificó la venta diciendo que para complementar las obligaciones que tenía en descubierto la capellanía, y después de poner algunos fondos de su bolsillo particular, que no fueron suficientes para enjuagar el déficit, recurrió al medio de vender los dos cuadros del Greco. Añadió que siempre procedió de acuerdo con las autoridades eclesiásticas, previa sanción del Nuncio, y que Ministerio de Gobernación le había reconocido el derecho a enajenar los bienes del patrimonio que había heredado de sus padres. Antes de abandonar la tribuna, afirmó que en vez de venderlos al extranjero lo habría hecho en España si se hubiera formalizado una suscripción nacional, apuntado que los ofreció a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, no obteniendo respuesta. También negó, que los cuadros hubieran sido sacados de la ciudad con nocturnidad.

Desde las páginas de ABC el académico y arqueólogo José Ramón Mélida, cuyo hermano Arturo había dirigido la restauración del claustro de San Juan de los Reyes y la construcción de la Escuela de Artes de Toledo, rebatió algunas de esas afirmaciones en un artículo titulado «Los grecos perdidos y los que pueden perderse». Develaba que meses atrás el cura de San José se presentó en su domicilio portado una carta de Guendulain en la que pedía a la Real Academia que no se opusiera a sus fines y le ayudasen a realizarlos. Mélida relataba que él no quiso entrar en la posesión del derecho para la venta o no, y le indicó al sacerdote que si al patrono lo consideraba oportuno ofreciese la venta al Estado y que, consultada la Academia, él apoyaría esa opción. Frente a la actitud gubernamental de lavarse las manos y no dificultar la venta, el arqueólogo rescataba una ley de 1802, dictada por Carlos IV, en la que mandataba a las autoridades eclesiásticas la facultad de prevenir la pérdida de las obras de arte que custodiasen dando cuenta a la Academia de la Historia, a fin de que ante posibles ventas la corporación pudiera ejercer derecho de tanteo. Reclamaba, por último, la necesidad de disponer de normativas legales para evitar ventas como la ocurrida en Toledo.

Aunque los debates continuaron durante semanas en las cámaras parlamentarias, los cuadros no regresaron a la Capilla de San José. Manuel Bartolomé Cossio, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, fue uno de quienes más atizó las brasas de la polémica. En la sede al Museo Pedagógico de Madrid y en la redacción del diario barcelonés La Publicidad se recogieron adhesiones a un manifiesto titulado «A la nación española» en el que se denunciaba el expolio de la capilla toledana indicando que «el despojo realizado constituye, en su aspecto objetivo, una acción fraudulenta y bárbara, profanadora del sagrado de nuestra alma histórica» y que al contemplarla «todo hombre de honor siente en su rostro la llama de la vergüenza y de la ira»; criticando, en su conclusión, el desprecio con que el Gobierno miraba los esfuerzos por el renacimiento el alma española, al no haber impedido que los grecos salieran del país.

El episodio coincidió con los últimos trabajos de Cossío en su monografía sobre el Greco, que vería la luz en 1908. Al referenciar las obras de la Capilla de San José, el catedrático incluyó un «post scriptum» en su primera edición, indicando que estando impresa la última palabra de su trabajo se había divulgado la profanación de la capilla. «Con ley o sin ley impresa –decía- pero contra los más altos ideales que ennoblecen la vida, el patrono del templo, pretendiendo cambiar su condición de tal por la de dueño, ha arrancado y vendido al extranjero los lienzos de los altares laterales: San Martín y la Virgen, mutilando bárbaramente el único santuario de los decorados por el Greco, que aún nos quedaba íntegro».

Otro destacado institucionista, Julián Besteiro, en esos años catedrático de Psicología, Lógica y Ética en el Instituto Provincial de Toledo, también dejó oír su voz. En mayo de 1908, varios meses después de la salida de los cuadros, publicó en el semanario toledanoHumanidad, que se presentaba a sus lectores como «órgano defensor de los oprimidos», el artículo «Los nobles prenderos. Historia de los grecos de San José», en el que denunciaba que estos cuadros habían estado siempre sustraídos a la admiración de los toledanos y turistas, pues la capillla apenas permanecía abierta al público durante la celebración de misa. Responsabilizaba de la venta a las autoridades civiles y eclesiásticas y rebatía a quienes, como hemos referido con anterioridad, acusaban de pasividad al pueblo toledano, considerando que el mismo tenía otros empeños más urgentes. Apuntaba que transcurridos varios meses, los cuadros permanecían en el gabinete del anticuario Goupil de París sin haberse vendido, por lo que podría intentarse su recuperación, desconfiando, eso sí, de que el gobierno o el arzobispado intentasen algo para conseguirlo. El texto de Besteiro también fue publicado en el diario madrileño El País. En los almacenes del marchante francés los vio poco después el pintor Aureliano Beruete, quien alabó su colorido en carta a Joaquín Sorolla.

Nada se intentó y los grecos fueron finalmente adquiridos por el coleccionista norteamericano Peter A. B. Widener, quien pagó por ellos la cantidad de 300.000 francos. Hoy se exhiben en la National Gallery de Washington y durante unas semanas re gresarán a Toledo con motivo del IV Centenario , si bien, por motivos de conservación, se expondrán en el Museo de Santa Cruz y no en su emplazamiento original.

Estando en apogeo la polémica, se conoció en la ciudad la iniciativa del marqués de la Vega Inclán, activo y controvertido coleccionista de arte y marchante especializado en la compra venta de obras de los grandes maestros españoles, de poner a disposición del Estado unas casas que había adquirido y rehabilitado junto a la Sinagoga del Tránsito, para exhibir en ellas un destacado número obras del Greco, muchas de ellas restauradas a su costa. Ni que decir tiene que la propuesta fue acogida con alborozo. Hubo de esperarse hasta 1910, para que el nuevo museo abriese al público. Un año antes, se había celebrado otra gran exposición con obras del Greco en la Real Academia de San Fernando.

Pasados unos años, Colombine recordó este polémico episodio en su novela Los Anticuarios, narrando como tras la transacción comercial del conde de Guendulain, cada vez que algún convento, iglesia o particular quería enajenar algo en Toledo procuraba hacerlo muy en secreto para evitar que los periódicos se echasen encima como ocurrió con la venta de Virgen con el Niño y las santas Inés y Martina y San Martín y el mendigo de la Capilla de San José. Lamentablemente aquella sonora polvareda no pudo evitar otras profanaciones artísticas del patrimonio toledano, de las que escritores como Félix Urabayen también se hicieron eco en sus novelas.