Casbega retrasa el comienzo de la planta de Coca-Cola en Toledo hasta 2018

Pero esta afirmación tiene varios problemas. Primero, que no existe, que se sepa, ningún papel firmado que así lo confirme. Y segundo, que es difícil de entender que Coca-Cola se salte en el caso de Toledo la vía de Casbega como distribuidora oficial.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento se envían mensajes continuos exigiendo a la Junta que no ponga obstáculos y desarrolle el terreno del PP-11 de Polígono Industrial donde está previsto construir la planta

Al margen de todo lo anterior, lo que sí existe como prueba concreta es un documento firmado entre la Compañía Castellana de Bebidas Gaseosas (Casbega) y Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) en la que la empresa distribuidora de las bebidas de Coca-Cola difiere la puesta en marcha de los trabajos para construir factoría nada menos que hasta marzo de 2018, fecha en la que se establece la terminación de la urbanización de la parcela. Este documento de diciembre de 2012, al que ha tenido acceso ABC, es el acuerdo novatorio del contrato de compraventa suscrito el 20 de junio de 2011 entre ERES y Casbega sobre la parcela 6.1, Sector 11.1 del Plan de Ordenamiento Municipal (POM) de Toledo.

En dicho documento de compraventa por el que Casbega adquiere la parcela del PP-11 se recuerdan los plazos establecidos en 2011, pero que ahora no tienen validez. Así, se recoge que según ese contrato de compraventa se aplaza el pago del 77% del precio total pactado para la adquisición de la parcela (11.962.423 euros) conforme al siguiente detalle: un 20% (2.392.484 euros) del precio lo debe abonar el comprador al vendedor a los tres meses de la firma del contrato de compraventa, con fecha 20 de septiembre de 2011; abono de otro 20% pasados seis meses, es decir, el 20 de diciembre de 2011, y el 37% restante (4.426.096 euros) en el momento de otorgamiento de la escritura pública, el 20 de marzo de 2012.

Sin embargo, en el mismo documento se hace constar la falta de ejecución de las obras de urbanización de la parcela, por lo que el comprador concede un plazo máximo de 30 meses, hasta el 20 de diciembre de 2013, para ejecutar esos trabajos.

A la vista de la situación, ambas partes decidieron formalizar un acuerdo novatorio que tenía como fin modificar y extender los plazos previstos para el pago del precio de la compraventa y a la vez para la ejecución por parte del vendedor de las obras de urbanización durante un periodo de 15 meses.

En las cláusulas de la novación del contrato se establece la prórroga por tres años de los plazos pactados para el abono de los pagos. Por tanto, el nuevo documento fija que el primer pago aplazado debe efectuarse el 20 de diciembre de 2015, el segundo el 20 de marzo de 2016 y el tercero el 20 de junio de 2016. Asimismo, se acuerda modificar el plazo establecido para la ejecución por el vendedor de las obras de urbanización de la parcela, de forma que la fecha límite que se establece para ello pasa a ser el 20 de marzo de 2018 en lugar del 20 de marzo de 2015.

En este mismo apartado de las cláusulas se establece otra relacionada con la facultad de las partes de desistir del contrato de compraventa, acción que se puede ejercer entre el 19 de junio de 2015 y el 19 de diciembre de ese mismo año.

Lógicamente el aplazamiento durante tres años de los plazos obedece a un motivo casi obvio en estos tiempos: la crisis. De hecho, sin citar el término de manera expresa, ambas partes reconocen verse afectadas por el momento económico.

Así, Casbega refleja de forma nítida e inequívoca en el punto VI del contrato que las ocho empresas embotelladoras autorizadas por Coca-Cola en todo el territorio español se «encuentran desarrollando un proceso de reestructuración, fruto del cual se producirá una integración de todas ellas, que puede determinar cambios en su orientación estratégica. Tales circunstancias determinan un retraso cierto en el proyecto industrial que motivó su interés por el contrato de compraventa, así como una incertidumbre respecto del interés que tenía la compañía integrada en desarrollar el citado proyecto industrial y, en consecuencia, en la adquisición de la parcela»

La parte vendedora en el contrato, Gicaman, también expresa con claridad su situación. En el mismo punto VI declara que el único terreno del PP-11 que ha conseguido vender es el que es objeto del contrato, «sin que haya recibido ninguna manifestación de interés por ninguna otra parcela». La situación no ha variado de entonces a esta parte, aseguran a este periódico fuentes de la Consejería de Fomento.

Añade Gicaman que en consecuencia «existe en Toledo suelo industrial vacante y que, en estos momentos, la Junta y Gicaman atraviesan graves dificultades financieras. Como consecuencia de tales circunstancias, puestas en relación con las manifestadas por Casbega, Gicaman estima inoportuno continuar el desarrollo de la urbanización del referido sector en este momento».

No obstante, y haciéndose eco de las propuestas recibidas desde el Ayuntamiento de Toledo, Gicaman también declara que ha recibido del Consistorio toledano una propuesta de urbanización de dicho sector «que permite un mejor aprovechamiento a un menor coste -en concreto se habla de unos 7 millones de euros frente a los 46 fijados por la administración regional-, y también que está estudiando la posibilidad de ofrecer a Casbega otra parcela de igual o superior superficie y con las mismas características que la parcela objeto del contrato». Se refería en este caso a los terrenos del Barrio Avanzado del Polígono que originó en su día una encendida polémica.