Un abogado de Valladolid, el azote de los gigantes tecnológicos
La Audiencia Nacional bloquea la realización de búsquedas geolocalizadas en EE.UU. para saltarse las restricciones territoriales del llamado «derecho al olvido», una problemática camino de resolverse en los tribunales
La historia de David contra Goliath en el universo tecnológico es difícil de ver. El enorme poderío de estas compañías, en su mayoría pulpos de largos tentáculos con sede en Estados Unidos, puede suponer la ruina de aquél que pretenda competir. Pero, en ... ocasiones, se produce un episodio destacado. Fruto de la perseverancia se reguló el llamado « derecho al olvido », la supresión de contenidos en los buscadores de internet. Una herramienta al alcance de los ciudadanos que, ahora, intenta solucionar una problemática que existía por culpa de la territorialidad de los motores de búsqueda. Un abogado vallisoletano que se ha convertido en un azote de las grandes tecnológicas.
Porque cuando un usuario accede a un servicio como Google, el más utilizado a nivel global, no encuentra todas las páginas que existen en el mundo. Al contrario. La multinacional estadounidense cuenta con distintas versiones dependiendo del país en el que opera. Una situación que lleva a resultados distintos en función de la ubicación de la dirección IP de los equipos informáticos.
De ahí a que las búsquedas desde México sean dispares de hacerlas desde Francia. Una sentencia puede cambiar este vacío. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón a un ciudadano español frente al buscador bloqueando la petición desde España de búsquedas geolocalizadas en EE.UU. concebidas para saltarse el «derecho al olvido» por medio de herramientas digitales que modifican la dirección IP para simular una ubicación distinta.
Luis Gervás
El caso lo ha llevado Luis Gervás de la Pisa . Un abogado vallisoletano que ha sido, a su vez, responsable de SalirdeInternet.com, empresa que logró en 2007 la primera resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que ordenaba a Google retirar información de internet. Desde entonces, lleva peleándose con algunas firmas «techies» . Ha sido partícipe de otras resoluciones que afectaban a grandes empresas tecnológicas. Entre ellas, una producida en 2016 cuando denunció a Google por filtrar datos personales. Se sancionó a la compañía con 150.000 euros, aunque se anuló la multa tres años después por la Audiencia Nacional.
En el mismo año, logró la primera resolución en España que obligaba al buscador a eliminar avisos de censura en su índice de resultados. En 2018 quiso enfrentarse a la multinacional Facebook. Junto a otros denunciantes, se logró imponer sanciones que alcanzaron los 600.000 euros «por ceder y tratar, respectivamente, datos personales sin consentimiento».
El más complejo de su carrera, sin embargo, acaba de pasar por la Audiencia Nacional, que ha declarado que Google debe respetar el «derecho al olvido», impidiendo el uso de herramientas técnicas que «desgeolocalizaban» (sic) las búsquedas simulando la ubicación en EE.UU. a fin de evitar la censura que existe en nuestro país. El caso partió de las quejas de uno de sus clientes después de descubrir un blog alojado en Blogger -propiedad de Google- que fue creado «ex profeso» para difamarle e insultarle, incluyendo además datos personales como su fotografía. «Le ponen a parir», reconoce Gervás en conversación ABC. Algo -insiste- que puede afectar a su reputación al tener el denunciante intereses comerciales en países como Estados Unidos, un mercado donde se puede acceder al contenido.
El problema vino después de intentar acogerse al «derecho al olvido», regulado en España. Google aceptó la desindexación del contenido, pero la publicación podía consultarse sin problemas en la versiones que el buscador tiene repartidas por numerosos países. La norma, sin embargo, no deja clara la territorialidad de estos servicios, con lo que cualquier persona puede saltárselas mediante el uso de aplicaciones y extensiones del navegador (servicios VPN y «proxy») que permiten realizar búsquedas avanzadas. «Es Google quien da permiso a los usuarios para instalarlas en su buscador», argumenta el jurista, quien asegura que tras la sentencia Google ha eliminado la polémica entrada del blog.