«Crackear» el móvil ya es legal en EE.UU.

Otras actividades legalizadas mediante este proceso están destinadas a la copia y reproducción de vídeo siempre y cuando sea con motivos educativos, de crítica o vídeos no comerciales. La revisión legal sólo permite que hagan esto profesores, estudiantes de cine y directores de cine documental.

Finalmente, los programadores que encuentren fallos de seguridad a un videojuego también tendrán derecho a romper sus medidas de seguridad, investigarlo y modificarlo.

La selección de dispositivos a los que les llega la liberad de uso ha sido tan arbitraria que, por ejemplo, se puede hacer una copia de seguridad de un DVD que contenga un documental de historia, pero no del mismo documental de historia si está en un Blue-Ray. Del mismo modo, las backups de videojuegos también han quedado excluidas de esta opción. A pesar de todo, una de las asociaciones ciudadanas que más fuerte ha luchado por este derecho, The Electronic Frontier Foundation, ha mostrado su satisfacción por el avance legal.

Tampoco han quedado satisfechos los fabricantes de hardware. Por ejemplo, Apple ha advertido de que legalizar la técnica jailbreaking provocará “infracciones de derechos de autor, daño potencial a los aparatos y otros efectos físicos potencialmente dañinos, efectos negativos en el funcionamiento del aparato y rupturas de contrato”. “Legitimar el desbloqueo significaría un aumento de virus en los dispositivos”, añade.

Esto es así porque cada usuario debe firmar un compromiso de no modificación de ningún teléfono de la marca, una cláusula extendida en el sector.

El Sistema Operativo Móvil iOS ya ha sido abierto mediante jailbreak. Pero una vez realizado, no es posible actualizarlo. Dicho esto, la tendencia internacional no es hacia la denuncia al usuario, sino hacia los que se lucran haciendo jailbreaking en teléfonos de particulares y a quienes venden hardware y software que facilite éste y otros procesos de hackeo.

Un conjunto de medidas que desata las manos a investigadores para poder trabajar dentro de la legalidad y que refuerza el derecho del consumidor sobre un producto por el que ya ha pagado, pero del que no disponía de pleno derecho de uso.