El Gobierno desoye al Consejo Fiscal y al de Estado con el aborto de menores

Poco caso hizo el Ejecutivo al Consejo Fiscal, que tras deliberar sobre el anteproyecto de la «Ley Aído» dictaminó a finales de junio la inconstitucionalidad del sistema de plazos que contempla dicho texto legal, y que supone la principal novedad respecto a la Ley Orgánica de 1985, vigente en la actualidad. Aunque dicho dictamen -que desaconsejaba el anteproyecto- no fue apoyado por el fiscal general, Cándido Conde Pumpido, ni por otros cuatro miembros del Consejo, finalmente fue aprobado gracias al voto de los otros seis vocales electos.

El principal argumento del Consejo Fiscal para declarar la anticonstitucionalidad de la ley del aborto fue que el sistema de plazos desprotege la vida del «nasciturus»,(el que va a nacer), que jurídicamente protege la Constitución.

El Gobierno tampoco hizo mucho caso a las recomendaciones del Consejo de Estado, principal órgano consultivo del Estado. Aunque el Consejo avaló que las menores de 16 años tengan «la última palabra» sobre la decisión de abortar, también expresó que los padres tienen derecho a conocer la decisión de la hija.

Este órgano hizo igualmente hincapié en la necesidad «ineludible» de otorgar a la mujer que se plantea abortar «información verbal y personalizada en cada caso concreto», mientras que tanto el anteproyecto como el proyecto final recogen que la información previa al consentimiento del aborto sea despersonalizada y se entregue en un sobre cerrado, con el fin de crear un ambiente «exento de presiones» en torno a la decisión. Pese a todo, el Gobierno sí ha incorporado dos recomendaciones del Consejo de Estado: incluir que la vida prenatal «merece una protección especial» así como información sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la intervención.

Otra señal de la falta de consenso social de la «Ley Aído» es que, por primera vez en la historia, el Consejo General del Poder Judicial no ha emitido dictamen sobre una norma legal. El motivo fue la división entre los miembros del CGPJ en sus consideraciones sobre el texto.

En el ámbito de la sociedad civil, diferentes asociaciones provida -que han abanderado desde el principio la oposición cívica a esta reforma de la ley del aborto- denunciaron que el Gobierno apenas ha introducido cambios pese a la polémica desatada tras la aprobación del anteproyecto. Tanto el Foro Español de la Familia como Derecho a Vivir -dos de las cuarenta asociaciones convocantes de la próxima manifestación antiabortista del 17 de octubre en Madrid- consideran la ley como un retroceso social. Concretamente, Derecho a Vivir advierte que, de prosperar esta legislación, no sólo se atentaría contra la vida del no nacido, sino que también «se pondría en peligro a la mujer embarazada desde el punto de vista médico», tal y como aseguró la ginecóloga Gádor Joya, portavoz de la plataforma.

El PP se opone

En el plano político, el Partido Popular fue el único que manifestó abiertamente su oposición al proyecto. La portavoz de esta formación en la Comisión Parlamentaria de Igualdad, Sandra Moneo, aseguró que el grupo parlamentario popular «votará en contra» de la aprobación de esta ley. Moneo considera que la reforma supone un intento de promover el aborto libre. La diputada popular también opina que su contenido traslada la idea de que la terminación del embarazo es «un buen sistema de planificación familiar», lo que contradice los tratados internacionales firmados por España. Los populares creen que las «mínimas» modificaciones que se han introducido en el texto son insuficientes.

Debido a su categoría de Ley Orgánica, el proyecto tiene que ser votado en ambas cámaras legislativas. En el Senado, el grupo socialista podría tener problemas para sacar adelante la ley, debido a su minoría relativa respecto al PP y al papel de los senadores cuyos grupos no se han pronunciado aún o han permitido autonomía en el voto de sus parlamentarios.