«No nos gusta ni poco ni nada»: primera crisis entre PP y Vox en Baleares por las multas por discriminar el castellano

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PP pide a Vox retirar la ley que sancionará con hasta 100.000 euros la discriminación del castellano en Baleares

Mayte Amorós

Los Populares alegan que «no conocían el texto» registrado el jueves, de manera «incomprensible», porque «no estaba pactado» y «no habían sido avisados»

Ambos partidos acordaron en julio la creación de este organismo que, bajo el mando de Vox, vigilará las denuncias por discriminación del castellano. Un pacto incluido entre las 110 medidas del acuerdo programático entre PP y Vox, que permite a la popular Marga Prohens gobernar en solitario con el apoyo externo de Vox.

La Oficina ha dinamitado la sintonía que hasta ahora habían mostrado ambos partidos. El Partido Popular no ha dudado en desmarcarse de este proyecto en los planteamientos que Vox lo ha presentado. «No nos gusta ni poco ni nada», atacó el portavoz del PP balear, Sebastià Sagreras, que rechaza este texto porque «invade competencias» y opina que el régimen sancionador «está fuera de lugar».

Tampoco está cómodo el Partido Popular con el preámbulo de la ley de Vox donde se dice que los «30 años de normalización lingüística es un periodo más que razonable y suficiente para haber hecho efectiva la normalización» del catalán. O donde se denuncia que la inmersión lingüística «elimina de facto» el castellano, entre otras frases.

El ultimátum del Partido Popular ha sido: o Vox retira de forma «inmediata» esta ley o presentará «multitud de enmiendas». Porque, recalca, «el PP ha estado siempre y estará con el Estatuto de Autonomía y en la normalidad de convivencia de las dos lenguas cooficiales, el catalán y castellano».

Vox, sin embargo, mantiene el pulso y ya avanza que no retirará su texto, como le pide el partido de Gobierno, al que anima a poner las enmiendas que considere. Sostiene que su texto no atenta contra el Estatuto de Autonomía e insiste en que es una ley «nuestra» y, por tanto, le corresponde a Vox redactarla.

En lo que sí está dispuesto a dar marcha atrás es en el régimen sancionador para que su Oficina no pueda multar a particulares y empresas. Vox añadirá una enmienda para «clarificar» que sólo se aplicará a entidades públicas y no a particulares, como se detalla en el texto inicial.

Es decir, la Oficina podrá actuar e investigar las denuncias que afecten particulares o a empresas pero no podrá sancionarlos por usar la lengua que decida. Sí le serán aplicables, matiza, las infracciones por obstaculizar la investigación o no informar, entre otros supuestos.

La Oficina diferencia tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Entre estas últimas, penadas con multas de 10.001 a 100.000 euros, se recogen hasta nueve supuestos casos, la gran mayoría vinculados a la obstrucción de la investigación del ente mediante.

Son, por ejemplo, infracciones muy graves la no entrega de la información requerida, la falsedad u ocultación documental, la remisión de información incompleta e inexacta o la filtración de información. En estos casos se tendrá en cuenta que haya mala fe o intencionalidad, y que derive en un perjuicio muy grave o sea causa de la paralización.

Las infracciones graves -que van de los 1.001 a 10.000 euros de multa- serían la inasistencia injustificada a una comparecencia requerida por la Oficina, no responder a las solicitudes o requerimientos efectuados por el ente, o varios casos similares a los casos muy graves pero haya consecuencias de menor nivel.

Entre las infracciones leves –penadas con multas de entre 1 a 1.000 euros o una amonestación- se encuentran remitir información incompleta o no entregar información requerida, aunque en este caso no derive en un perjuicio para la investigación.

La oposición ha puesto el grito en el cielo contra la ley de Vox pero centra sus ataques en el PP. Para el PSOE balear, que creó en 2020 una Oficina de Derechos Lingüísticos para paliar el «dolor» de no hablar en catalán y que nunca actuó antes las denuncias por la discriminación del castellano, esta nueva Oficina es una «iniciativa predemocrática, anticonstitucional y antiestatutaria» y de «imposición lingüística», en referencia al castellano.

Es el «ataque más grande a la pluralidad lingüística de la historia» de Baleares, insisten los socialistas, que durante el gobierno tripartito de Francina Armengol tomaron todo tipo de medidas para fomentar el catalán como lengua preferente en todas las esferas públicas y blindó por ley la inmersión lingüística en los colegios.

Los nacionalistas de Més per Mallorca, que controlaban la Oficina de Derechos Lingüísticos de Armengol en la legislatura pasada, lo ven como «el mayor ataque a la lengua catalana en 40 años». Més agita a la marea verde que protestó en 2014 cuando el PP de José Ramón Bauzá quiso implantar el trilingüismo en las aulas y dice que «Prohens puede pasar a la historia peor que Bauzá».

La Obra Cultura Balear, satélite de la catalana Omnium Cultural y entidad agitadora del secesionismo en Baleares, opina que se trata de una «oficina de persecución contra los catalanoparlantes». La OCB, que ha recibido numerosas subvenciones y ayudas para el fomento del catalán desde el gobierno de Armengol, apunta a la presidenta popular Marga Prohens como la «máxima responsable de las agresiones de la extrema derecha contra la lengua catalana», mientras ha felicitado y se reúne personalmente con Armengol para agradecerle su impulso en el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados.

Incluso Comisiones Obreras se ha pronunciado sobre este asunto y ha dicho que «no podemos consentir ningún retroceso en la defensa de los derechos lingüísticos, y mucho menos que la lengua sea objeto de confrontación social».

Rodeado de la polémica, Vox sostiene que 'su' ley «devolverá la libertad a los ciudadanos y protegerá a todo el mundo», si bien no oculta que la prioridad es garantizar el uso normal del español en las Islas. «Esta Oficina está para que se cumplan las leyes pero tendremos que cambiar otras leyes para proteger a los castellanohablantes», desliza en lo que se augura un nuevo polvorín.

Vox quiere poner el foco especialmente en los colegios de Baleares y usar la Oficina para actuar ante las reclamaciones de familias a cuyos hijos se les impida estudiar en castellano en las Islas. Y ahí se prevé una colisión con varios artículos de la normativa autonómica, que blindan la inmersión lingüística.

El PP se ha comprometido también a implantar la libre elección de lengua de los padres en la primera enseñanza de sus hijos, un derecho eliminado por el gobierno de Armengol para el que todavía no tiene un plan definido.