El PP exige un currículo único para toda España y que Sánchez lleve al TC las leyes de la Generalitat

El PP hace una 'enmienda a la totalidad' a la 'ley Celaá' aprobada hace ya dos años (y que llevó al Constitucional) pero cuyas consecuencias se están viendo en los reales decretos de enseñanzas mínimas de todas las etapas (Infantil, Primaria...) aprobados este año y que, de alguna forma, aplican la norma en las aulas. Pero en el discurso de Gamarra no solo se pondrán de manifiesto lo que ellos ven como defectos. También habrá propuestas. De hecho, le pedirán al Ejecutivo, por primera vez, un temario único para todo el país (ahora los currículos se hacen entre el Estado y las comunidades). También dan un paso más en la defensa del castellano. Gamarra insta al Ejecutivo de Sánchez a que impugne, amparándose en la Constitución, las dos normas que aprobó la Generalitat para evitar que se cumpla la sentencia del 25 por ciento del castellano. También hay un apoyo sin fisuras a la concertada (desmarcándose, de alguna forma, de la propuesta de Ayuso). Para este sector, Gamarra pide el concierto en la etapa de Infantil de 0-3 años. El discurso educativo de Gamarra se divide cuatro propuestas, pero el grueso de las medidas van en la primera. ¿El motivo? Se pueden presentar sólo 15 propuestas por grupo, por eso casi todo en una sola. Han dejado aparte, por su relevancia, el castellano, la defensa de las plazas de 0-3 de infantil para la pública pero también para la concertada y la aprobación de un MIR educativo. Este es el detalle de las principales novedades.

El PP insta al Gobierno a que haga uso «de la facultad que le concede el artículo 161.2 de la Constitución Española para impugnar, en tiempo y forma, ante el Tribunal Constitucional» dos normas de la Generalitat catalana. ¿Cuáles? El decreto ley y la ley que esta aprobó recientemente para burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020 que obliga a aplicar el 25 por ciento del castellano en las aulas catalanas. Estas dos normas, sobre las que el TSJC vio «vicios de inconstitucionalidad», son las que están trabando la aplicación de la sentencia en favor del castellano.

El problema es que al ver este «vicio», el TSJC ha paralizado la ejecución forzosa de la sentencia para escuchar a las partes antes de elevar el caso al Constitucional.

¿Quién es el único capaz de desenredar esta situación? Sánchez. Es por ello que el PP, además de pedir al Gobierno que lleve las normas del Govern al Constitucional, señala también que una vez elevadas al Alto Tribunal, el presidente debe proceder también a «la consiguiente suspensión automática de las mencionadas disposiciones».

De esta maniobra parece no decir nada la ministra de Educación, Pilar Alegría, que en una entrevista la semana pasada pidió «prudencia» y no dijo una palabra sobre qué haría su ministerio.

Uno de los temas más delicados con los que ha tenido que lidiar Pilar Alegría desde que sucedió a Isabel Celaá ha sido el desarrollo de la norma que lleva el nombre de su antecesora. A Alegría le tocó la parte más difícil porque una vez aprobada la ley tocaba que esta 'aterrice' en las aulas. ¿Cómo? Con los reales decretos de enseñanzas mínimas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que ahora el PP pide «retirar». Estos textos fueron fuertemente criticados por la comunidad educativa al comprobar, por ejemplo, que la perspectiva de género inundaba casi todas las materias. Algunos de sus contenidos fueron denunciados por este periódico por la ausencia de ETA mientras sí aparecen los peligros del reguetón. Algunas reales academias, como es el caso de la de Historia, también criticaron los currículos al comprobar que se omitían trozos de la Historia de nuestro país (los procesos «antidemocráticos» de la II República en Bachillerato, por ejemplo). El Consejo de Estado tildó los textos del Gobierno de Primaria de «excesiva complejidad, abstracción y dificultad», y una observación similar hizo con el de Secundaria y el de Bachillerato.

El partido de Feijoó pide que se retiren y que se constituya «una comisión independiente formada por especialistas de las diferentes materias que componen el currículum, a indicación de las reales academias, y que formularán las iniciativas que consideren pertinentes para la elaboración de unos currículos de contenidos claros, concisos y de alta calidad científica, libres de sesgo ideológico, que proporcionen una atención adecuada a los aprendizajes profundos, al desarrollo de habilidades no cognitivas, a las tecnologías digitales y habilidades computacionales, al emprendimiento y a la innovación, a las humanidades y a la educación científica, con la finalidad de garantizar la calidad de los títulos educativos que se expiden».

En la misma línea con la retirada de los currículo, el PP va más allá y pide «el diseño de un currículo para todo el sistema educativo no universitario, que garantice una educación de calidad en todo el territorio y contenga unas enseñanzas comunes, que sea al mismo tiempo estable y flexible en los contenidos, respetando las competencias que a tal efecto contempla la Constitución en su Art. 149.1.30, sin perjuicio de la necesaria cooperación leal con las comunidades autónomas y del respeto a su ámbito competencial.

De las cuatro medidas que hoy el PP pondrá sobre hay una que muestra el apoyo sin fisuras a la concertada. El PP da un paso más en el respaldo a este sector y pedirá hoy el concierto para la etapa de 0-3 años de la Educación Infantil. Esta franja ha sido defendida con uñas y dientes por PSOE y Podemos, ya incluso en su famoso documento de coalición de hace tres años. ¿Por qué? Permite, de alguna forma, consolidar a los niños en la pública si entran en ella desde que son pequeños y no hay otra opción porque se deja fuera de la oferta a la enseñanza concertada.

Otra muestra de apoyo del PP a la concertada (más conocida) aparece al reivindicar el partido en su discurso de hoy «la adopción de medidas que garanticen la libertad de los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, para elegir la educación que quieren para ellos y el centro de su preferencia, sea público o concertado, ordinario o de educación especial». El respaldo fiel a la concertada es la forma en la que el PP nacional se desliga de la política seguida por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde las becas de Bachillerato no sentaron bien al sector, que viene reclamando desde hace tiempo el concierto en esta etapa y no que se pongan ayudas en su lugar (en esta convocatoria, además, no ha gustado que se haya triplicado el umbral de renta que se pedía para obtenerlas). Según ha podido saber ABC, Ayuso no consultó sobre la cuestión a Génova y la propuesta fue resultado de una idea de Vox que en realidad puso en marcha la consejería regional de Hacienda para aprobar los Presupuestos.

El texto del PP señala que «el Gobierno contribuirá a la financiación de la extensión del primer ciclo de educación infantil, de manera que avance hacia una oferta pública y sostenida con fondos públicos suficiente y asequible, con equidad y calidad, y que garantice su carácter educativo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mediante ayudas directas a las familias, el concierto y las transferencias corrientes a las administraciones competentes, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación de 0 a 3 años».

Otra de las medidas que exigirá el PP será la «aprobación de una ley de ordenación de la profesión docente que contemple un modelo de acceso y profesión docente similar al consolidado en el sector sanitario, que asegure una selección y formación iniciales del profesorado, fortalezca la profesión docente y la mejora de su reconocimiento». Es decir, el partido de Feijoó pide para los docentes un modelo similar al MIR de los médicos, la famosa y exigente prueba para acceder a la formación de especialistas médicos en España. Sin embargo, el Ministerio de Educación ya le dijo varias veces que no al MIR educativo.

Y la última fue precisamente cuando presentó, el pasado mes de enero, un documento de 24 'propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente' con el que se puso sobre la mesa una prueba de acceso para ser maestro y alargar el máster de Secundaria. Sin embargo, de MIR educativo, nada. Lo que plantea Alegría, en cambio, es un modelo de la iniciación a la docencia (PID) que cuenta con dos fases, una dedicada a las prácticas de la formación inicial para el futuro profesorado y otra para la selección de los docentes de la enseñanza pública.

La propuesta del ministerio incide en la mejora de las prácticas de los Grados y el Máster, «asegurando así que todo aquel que quiera comenzar su carrera en la docencia reciba la formación necesaria para poder ejercer esta profesión », dice el documento. En cualquier caso, aclararon que no se trataría de un MIR educativo, pedido por varios sectores como en su día hizo la Conferencia de Decanos de Educación. Alegría rechaza el MIR educativo porque dice que «estas prácticas no están orientadas prioritariamente hacia una especialización docente» .

La batería de medidas del PP empieza con la petición de un «gran acuerdo educativo». Mientras este llega, hacen otras propuestas más conocidas como la valoración del esfuerzo para evitar pasar de curso con suspensos; la EBAU única o el desarrollo de pruebas censales y externas, es decir, las que impuso la Lomce para conocer el nivel de los alumnos en 4º de Primaria y 2º de la ESO. El objetivo era saber dónde poner el énfasis para mejorar. El PSOE las quitó por considerarlas segregadoras al creer que hacían una especie de 'rankings' de colegios.