Gobierno y Generalitat financiaron un foro ultralaicista durante la visita papal

Organizado por la Fundación Ferrer i Guàrdia y el Moviment Laic i Progressista, el Foro «Espacio de Libertad» ha sido financiado y apoyado por tres ministerios del Gobierno —el ya extinto de Igualdad, Asuntos Exteriores y Sanidad—, por varios departamentos de la Generalitat —Interior, Vicepresidencia—, por el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, por el Ayuntamiento de la ciudad, por la Diputación de Barcelona y por la Universidad de Barcelona, entre otros. Por ejemplo, Bibiana Aído, a través del Instituto de la Juventud, apoyó el acto con unos 28.000 euros.

En cualquier caso, tanto la Fundació Ferrer i Guàrdia como el Moviment, del que forma parte, son habituales beneficiarios de fondos públicos en Cataluña. Repasando los diarios de la Generalitat se comprueba que el primero ha recibido en los últimos tres años (2008/2010) unos 144.000 euros de ayudas varias, y la segunda, para el mismo periodo, ha percibido en torno a 620.000.

Además, este cónclave ultralaicista contó con la participación de conocidos socialistas como el Consejero de Educación de la Generalitat, Ernest Maragall, o el ex diputado del PSOE y presidente de otra fundación, afín al Gobierno como Cives.

El Foro se prolongó durante los días 5, 6 y 7 de noviembre coincidienco con el viaje de su Santidad y se articuló en torno a varias ponencias. Entre ellas: «España 2010, una sociedad plural», «Laicidad en la sociedad civil» , «La Constitución y la cuestión religiosa» o «La separación Iglesia-Estado». Durante su celebración se criticó vivamente la visita del Papa y se envió «un claro mensaje de reprobación a quienes han sobrevalorado el acontecimiento». Asimismo se plantearon ideas y conceptos que pueden considerarse como la hoja de ruta del laicismo del Gobierno. En sus aulas se escucharon propuestas como que «la gestión de la inmigración y la pluralidad religiosa (...) obliga a una apuesta clara por la abolición de los privilegios a las confesiones religiosas tradicionalmente mayoritarias».

No faltaron las cuestiones preferidas del progresismo y del feminismo que han marcado la agenda gubernamental: el aborto libre incluso para menores, Educación para la Ciudadanía, la guerra contra los crucifijos, la píldora del día después sin recetas, el matrimonio homosexual... Así, se insistió en que «la conquista de los derechos sexuales y reproductivos, de la libertad de opción sexual, del derecho a una muerte digna, de la equidad de género en todos sus extremos no serán realidades plenas hasta que el poder y la influencia de la moral confesional, del clericalismo desaparezca de la acción política».

En cualquier caso, lo más jugoso quedaba reservado para la «Declaración Final». En la misma se utilizó un lenguaje belicista. Se citaron términos como «el combate laico», o «la tensión militante», pero al mismo tiempo se denunció un supuesto «intento deliberado de incitar al odio para provocar choques violentos y presentar la convivencia pacífica como un imposible». Y se acusó a «los líderes religiosos de prestar la religiones como peones en la lucha por el dominio del mundo».

Concluyó señalando que «ante los constantes ataques de las jerarquías eclesiásticas a la legitimidad de las instituciones democráticas y a la misma idea de democracia, reafirmamos desde una perspectiva humanista y abierta, que es la libertad de conciencia y la no sumisión al dogmatismo la base ética para la construcción de sociedades abiertas».

Una conclusiones que para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, no suponen ninguna novedad. «Nos encontramos —asegura—ante la clásica andanada del laicismo más agresivo y totalitario. Para los organizadores de ese foro, la Iglesia Católica y sus seguidores constituyen un obstáculo para el progreso, los “nuevos derechos” y la construcción de “sociedades abiertas”. Se trata de relegar al espacio privado la visión católica de la vida y la persona y sustituirla por una ideología y una ética civil que todos tenemos que obedecer».