El Gobierno balear responde a los padres que denuncian «mentiras» en los libros de texto: «Reclamen directamente a la editorial»

El departamento de Martí March, cargo electo del PSOE, a través de la Inspección Educativa, les respondió que no tiene obligación de autorizar libros de texto, a pesar de que lo que pedían los padres de los alumnos era que los supervisase a posteriori. En una respuesta fechada en octubre de 2022, la Inspección confunde intencionadamente el término supervisión -obligada por ley- con la autorización de los libros de texto -no reconocida por ley- para no actuar.

En la misma línea, la respuesta del departamento de Camila Tudurí, jefa de la Inspección Educativa, ha sido invitar a estos padres a que reclamen ellos a la editorial Anaya si lo consideran oportuno. «Ustedes pueden dirigir su escrito directamente a la editorial correspondiente y proponerles las modificaciones que consideren pertinentes», concluye Tudurí, docente ligada a la marea verde en contra de la política educativa del PP en 2013 y el trilingüismo.

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Su plaza como jefa de Inspección fue modificada a medida por el Govern de Francina Armengol para que pudiera ocuparla en 2021, sin cumplir el mínimo de cinco años de experiencia profesional obligatoria como inspector; requisito que se rebajó a tres años.

Tudurí añade en su respuesta a los padres que los manuales se «adecúan a los currículums actualmente vigentes», lo que básicamente significa que los temas y unidades didácticas se corresponden con el curso que estudian los alumnos, pasando por alto los errores de bulto y falsedades que contienen.

Las familias denunciantes también han recurrido a la Alta Inspección Educativa, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, con igual resultado. El Ministerio de Pilar Alegría, sin entrar en el fondo de la denuncia ni desmentir ninguno de los ejemplos de adoctrinamiento, se ampara en la «autonomía pedagógica» de los colegios para ignorar su obligación de hacer revisar los materiales en las aulas.

La delegada de la Alta Inspección, Irene García Sureda, se desentiende y rebota el asunto al Ejecutivo balear, como ya hizo cuando la asociación de profesores PLIS le solicitó que garantizara la enseñanza en castellano en 300 colegios públicos de Baleares donde el uso de la lengua oficial es residual.

En aquella ocasión, García Sureda respondió que «las funciones de la Alta Inspección nunca pueden suponer una intervención directa en la escolarización de los alumnos en el territorio de la Comunidad Autónoma». Además, se negó por escrito a comparecer en el Parlamento balear para explicar su inacción en un breve escrito que, además, contenía una falta de ortografía: escribió «recoje» en vez de «recoge».

Durante estas dos legislaturas de Pacto de izquierdas con PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més, la Inspección Educativa balear no ha revisado los libros de texto ideologizados ni tampoco se conoce ninguna actuación ante las quejas de padres y docentes, siguiendo la línea de la exministra Isabel Celaá, que aseguró que denunciar adoctrinamiento era de «fanáticos». También el conseller March ha negado siempre que exista adoctrinamiento catalanista en los centros escolares de las Islas.