Milei divide a las personas con discapacidad en «idiotas», «imbéciles» o «débiles mentales» según su cociente intelectual

Los términos aparecen en el Anexo de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), que define los ´criterios médicos´ para medir la invalidez laboral, requisito dispuesto desde septiembre de 2024, por el Decreto 843/2024, para quienes perciben pensiones no contributivas.

Debajo de un apartado titulado «Retardos Mentales», clasifica a las personas de «idiota», «imbécil» o «débil mental» -que puede ser «profundo», «moderado» o «leve»-, según su cociente intelectual, y determina que «le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor». La distribución queda así:

Para un cociente intelectual entre 0-30, el Gobierno de Milei considera a estas personas idiotas. Así, apuntan que no leen ni escriben, no pueden subsistir solos ni conocen el dinero.

Con un cociente intelectural entre 30-50, el Ejecutivo los define como imbéciles. Estas personas ni leen ni escriben y tampoco atienden a sus necesidades básicas, ni pueden llevar a cabo tareas rudimentarias.

Entre 50-60 de cociente intelectural, los define como débiles mentales profundos. En este caso, las personas solo tienen vocabulario simple y solo firman. No manejan el dinero, pero sí pueden realizar tareas rudimentarias.

60-70 de cociente intelectual, la persona se considera como débil mental moderado. Ellos solo leen o escriben. También realizan operaciones simples y conocen el dinero. Los trabajos que pueden llevar a cabo son de escasa exigencia intelectual.

Por último, una persona con un cociente de entre 70-90 es, para Milei, débil mental leve. Ellos han cursado primaria y a veces secundaria y las tareas que realizan pueden ser de una mayor envergadura.

Siete organizaciones argentinas de derechos humanos y que representan a las personas con discapacidad, entre las que se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), interpusieron el pasado 3 de febrero un reclamo administrativo en el que solicitaron a la ANDis la derogación urgente de la norma «por violar los derechos de las personas con discapacidad».

En el reclamo afirman que la resolución «atenta de modo flagrante contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país (ley 27.044), poniendo en grave riesgo derechos humanos fundamentales».

La abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ Agostina Quiroz explicó a EFE que dichas expresiones «reproducen y refuerzan prejuicios históricos que agudizan la discriminación de las personas con discapacidad», y consideró que «resulta particularmente problemático que sea el Estado quien recurra a esos discursos, dado que es justamente quien debe combatirlos».

Las organizaciones de la sociedad civil señalaron además que el Estado mide la «invalidez» recurriendo a criterios médicos que desconocen «el modelo social de la discapacidad», tomado por la Convención.

Quiroz afirmó que la resolución reproduce «el modelo médico de la discapacidad, que ya estaba superado por el modelo social».

«Según este modelo, la discapacidad se entiende como la interacción entre las características de la persona y las barreras presentes en su entorno, por lo que no se pone el foco en ella ni en su 'deficiencia', ni se pretende 'normalizarla' a través de tratamientos médicos (como sí hace el modelo médico), sino que se pone el foco en la comunidad y en el Estado, que deben transformarse para asegurar la participación plena de las personas con discapacidad», agregó la abogada.

Un comunicado de ACIJ, emitido el 7 de febrero, afirmó que «no hay personas 'inválidas' para trabajar, sino que todas pueden hacerlo en la medida que se les proporcionen los apoyos que requieren».

Sobre el impacto que tiene la medida en la vida de miles de personas con discapacidad que viven en el país, Quiroz manifestó que el «lenguaje y los modos» en los que se refiere a las «otras personas tienen impactos concretos tanto en lo colectivo (en las políticas, en las prácticas y en las culturas), como en lo individual» relacionado en la construcción de identidad de los sujetos.

«El hecho de que la Administración Pública continúe utilizando estos términos para referirse a determinadas personas genera graves daños a ellas y a sus familias, así como a la sociedad en su conjunto, al reforzar estereotipos y barreras actitudinales que atentan contra la construcción de comunidades más justas e inclusivas», concluyó.