El «estigma» de estar en una lista de objetores al aborto: «Nos señalan»

La creación de un registro de objetores, alega el Gobierno, responde a que no hay suficientes profesionales en la sanidad pública que estén dispuestos a practicar abortos. Según el el estudio sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) de 2023, publicado por el Ministerio de Sanidad, de los 103.097 abortos que se llevaron a cabo el año pasado en España, el 81,45 por ciento fueron en la sanidad privada. José Ignacio Sánchez Méndez, ginecólogo que lleva 35 años trabajando en el sistema público de salud, que compagina con el sector privado, tiene claro el porqué de estas cifras. «¿Por qué no se hace en la pública? Porque profesionalmente nadie quiere hacerlo. Practicar un aborto es una situación que violenta la práctica médica de cualquier médico. A lo largo de mi carrera solo he conocido dos motivos por los que se hace: o bien por ideología o bien por dinero, porque en algunos centros privados se gana mucho dinero con esto», expone.

Sánchez Méndez ha sido objetor durante toda su vida profesional, nunca ha tenido dudas sobre su posición respecto al aborto, pero cree que incluir su nombre en un listado no sirve más que para ser señalado, pese a que la ministra de Sanidad insiste en que será confidencial. «El registro no vulnera los derechos de los profesionales sanitarios: la objeción de conciencia es un derecho individual y debe respetarse. Pero la organización es fundamental para garantizar que haya suficiente personal disponible», apuntaba recientemente Mónica García en una publicación en su cuenta de la red social 'X'. Pero este ginecólogo le responde de forma tajante: «Si la administración realmente quisiera solucionar este problema (el de la falta de profesionales que practican abortos) lo haría como se hace con cualquier otra cosa, buscando a las personas que solucionan el problema, no a los que no lo solucionan. La anomalía es otra forma de organizar».

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Por ello, Sánchez Méndez tiene claro que el registro de objetores «busca señalar a los profesionales y no respetar la libertad de conciencia». A su juicio, la medida «revela que quieren amenazar. Es algo muy fuerte, es violentar la libertad de conciencia, que está protegida y reconocida por la Constitución». Pero además cree que puede darse un problema añadido: no todos los profesionales se oponen a interrumpir embarazos en todos los casos, pues en ocasiones, alguien que no practica abortos de forma habitual sí está dispuesto a hacerlo en determinadas circunstancias, como en enfermedades del feto, por lo que no entiende cómo se podrían recoger estos supuestos en esos listados. Todo acto médico, prosigue este ginecólogo, lleva una reflexión detrás, más si cabe en estas intervenciones. «No se pueden contemplar todas las situaciones. Es una cosa realmente extraña. Lo único que se me ocurre es que quieran estigmatizar o amedrantar».

A estos «objetores a medias» también se refiere Cristina Sánchez Cuerda, que combina su ejercicio en la sanidad pública con la privada. «La mayoría de los objetores a medias sí que harían interrupciones por malformaciones, pero en cambio los que son voluntarios no. Será un follón», augura. Esta ginecóloga asegura que ninguna mujer que quiere abortar se queda sin poder hacerlo, aunque eso suponga derivarla a otro centro, cosa que no considera un problema. «El aborto no es algo de urgencia vital, es un acto que se puede realizar al día siguiente o a los dos días, no es una urgencia vital que no se pueda derivar», asume, por lo que considera el registro de objetores «una exageración». Durante el tiempo que lleva ejerciendo se ha encontrado en tres ocasiones en la situación de tener que aludir a su objeción de conciencia para no practicar abortos. «Y siempre he contado con compañeros que podían hacerlo y que no tenían ese dilema moral», señala.

A Sánchez Cuerda tampoco le parece razonable que su nombre conste en un registro de objetores. «Me parece que este listado estigmatiza, es discriminatorio y podría afectar al ejercicio, igual que otras discriminaciones. Vulnera nuestra libertad de independencia. Como médicos tenemos una moralidad intrínseca a nuestra profesión. Hay veces que tenemos que tomar decisiones difíciles basadas en nuestra conciencia y la objeción de conciencia es el amparo legal que tenemos para actuar de esta manera», expone. Esta médico teme además que también llegue a repercutir a nivel profesional, basándose en si un profesional quiere o no practicar abortos a la hora de contratarle. «Yo ya recibí una oferta de trabajo de una clínica privada en la que un requisito era ser abortista, pero que se haya llegado a este punto en la sanidad pública...», reflexiona.

Esta ginecóloga considera que si la medida responde a un tema de organización de los recursos humanos sería más efectivo que en el listado consten los profesionales dispuestos a practicar abortos para que así cada centro sepa con cuántos cuenta. Aunque también expone que entiende a los compañeros que, pese a no ser objetores, no están cómodos practicando abortos. «No es una situación agradable para nadie. Yo creo que los médicos, objetores o no, consideramos el aborto como un fracaso sanitario, como una falta de educación en salud reproductiva, pues al final los ginecólogos estamos formados para educar en salud sexual», lamenta. La ideología, insiste, no debe importar a la hora de ejercer la ginecología. «La objeción de conciencia no debería importar a la hora de ejercer», resalta.

Sonsoles Alonso es otra ginecóloga que también se niega a practicar abortos. Actualmente solo trabaja en la privada, aunque conoce bien el tema porque durante muchos años ha ejercido también en la sanidad pública. La primera pega que pone a este registro es que el Gobierno no consultara a los profesionales de la salud de la mujer para elaborar la norma. «Yo misma mandé un escrito en nombre de varios compañeros cuando salió a consulta pública, pero ni nos contestaron ni lo tuvieron en cuenta», critica. Pero va más allá: «La objeción de conciencia, por definición, atañe individualmente a cada persona y es la garantía de poder ejercer nuestra práctica médica con libertad y con intimidad. Mis creencias religiosas, morales y mis principios éticos no tienen por qué estar al conocimiento del ministerio, más allá de mi lugar de trabajo, de mi jefe y mi equipo. Ese listado vulnerará la garantía de cada médico, que tiene derecho a actuar con principios éticos».

Esta ginecóloga, que además es vocal del Comité de Deontología del Colegio de Médicos de Madrid, muestra su preocupación por que el registro perjudique profesionalmente a los que no practiquen abortos y beneficie a quienes sí lo hagan. La principal consecuencia, advierte, será «el desplazamiento de grandes profesionales de la sanidad pública a la privada» para no tener que enfrentarse a esta situación.