¿Deben prohibirse los patinetes eléctricos de alquiler? El veto de París reabre el debate

París instaló el sistema de alquiler de patinetes en 2018 pero, desde entonces, han aumentado las dudas sobre su uso y seguridad. A pesar de ser un transporte minoritario, el año pasado causó siete muertes y 459 heridos en la capital francesa. Los detractores de los patinetes eléctricos de alquiler argumentan que son abandonados en cualquier lugar del espacio público, que atropellan a los peatones en las aceras y que, al final, emiten una nociva huella de carbono.

«En mi trabajo, vemos muchos accidentes de tráfico causados por los patinetes eléctricos, así que realmente vemos los efectos negativos», dijo a Reuters la médico Audrey Cordier, de 38 años, después de votar en contra en el referéndum.

Con 91.385 votos en contra (89,03% de los emitidos) frente a 11.256 a favor, los parisinos expresaron su oposición, a pesar de que la votación ciudadana estuvo marcada por una muy baja participación, de apenas 7,46% de los votantes registrados.

«El 1 de septiembre, no habrá más patinetes de alquiler en París», aseguró la alcaldesa Anne Hidalgo. Sí seguirán permitidos los privados. Por su parte, el ministro de Transporte francés, Clement Beaune, visto como un posible candidato para el cargo de alcalde en 2026, dijo en la televisión BFM que la votación fue «un fracaso democrático masivo».

Los operadores de los patinetes eléctricos dijeron que esperaban detener el plan. «Tenemos la esperanza de poder seguir trabajando con la alcaldesa para adoptar regulaciones sensatas en lugar de prohibir los patinetes y evitar un paso atrás para París», dijo un portavoz de Lime.

Los patinetes son uno de los medios de transporte con menos respaldo popular. Apenas el 53% de la población global se muestra favorable a ellos, según una encuesta de Ipsos de 2022. Pero las diferencias entre países son notables. Mientras en India, Malasia y Arabia Saudí los porcentajes a favor son superiores al 70%, los países europeos muestran la tendencia opuesta. En Francia lo apoya un 36%, en España el 37% y en Gran Bretaña, el 31%.

En España, la DGT implantó unas normas generales básicas: está prohibido que circulen por la acera, zonas peatonales y carreteras, su velocidad debe estar entre 6 y 25 km/h y no se pueden coger bajo los efectos del alcohol o drogas, entre otras medidas. Pero corresponde a los ayuntamientos la reglamentación final en una ordenanza.

Pese a ellos, los patinetes ya están involucrados en el 4,13% de los accidentes con víctimas en zonas urbanas en España, según un reciente estudio de Formaster. Para la asociación «empieza a ser inquietante» que el 2% de los fallecidos en un accidente de tráfico en España en ciudad sean conductores de un patinete, a los que hay que sumar que el 4% de conductores heridos graves o que necesitan hospitalización.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, rechazó este lunes emular a París y realizar un referéndum sobre la presencia de los patinetes de alquiler. En la capital española hay tres autorizaciones de empresas (Lime, Dott y Tier) y 6.000 dispositivos, por lo que el primer edil apostó por «ordenar» en lugar de prohibir.

«No comparto que la solución sea prohibir, como suele hacer la izquierda. Es decir, creo que la cuestión no está en prohibir. Creo que la cuestión está en ordenar, y en que hay distintos modos de movilidad por la ciudad de Madrid que deben convivir entre sí y con los peatones», expuso el alcalde.

En cambio, el alcalde valenciano, Joan Ribó, utilizó ayer la decisión de París para esforzar su postura. «Nosotros, en Valencia, cuando nos plantearon unas empresas hacer el alquiler del patinete eléctrico fuimos a ver algunas ciudades y vimos patinetes tirados por la calle por todas partes y cómo estaban aumentando los accidentes por este motivo», dijo. El alcalde alabó la decisión de la capital francesa: «París se va a parecer a Valencia».

Los grupos ecologistas tampoco respaldan por completo este sistema. «Son una solución a la movilidad sostenible, pero no la única», dice Cristina Arjona, responsable de Movilidad de Greenpeace, quien llama a diferenciar entre el vehículo privado y el sistema de alquiler. Son estos últimos los que más problemas plantean, con una menor vida útil –elevando el problema de qué hacer con las baterías– y suponiendo mayores emisiones de CO2, al necesitar ser recogidos en diferentes puntos de las ciudades para su posterior recarga. Pese a todo, opina, «los problemas son sobre todo de ocupación del espacio público y de la no regulación».