Aragón investigará «si alguien miró hacia otro lado» en el centro de menores 'de los horrores' de Ateca

De momento, se ha procedido a abrir un expediente disciplinario a la funcionaria que era responsable del servicio provincial de tutelas y protección a la infancia, así como se ha rescindido el contrato que existía con la entidad que gestionaba las instalaciones, la UTE, formada por la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz.

Ha sido la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, quien ha comparecido este jueves para dar todas las explicaciones sobre el caso que ya ha sido apodado como ‘el centro de menores de los horrores’: «Hemos abierto la investigación para ponerla a disposición de la juez instructora cuando lo requiera y también para depurar responsabilidades internas en el caso de que las hubiere», ha expresado Susín. En ese sentido, también ha confirmado que si se acredita «cualquier negligencia en el deber de vigilancia y control» por parte de la administración, «se iniciarán las acciones judiciales pertinentes para llevarlas hasta sus últimas consecuencias».

Según lo que ha indicado la consejera aragonesa, las investigaciones se remontarán hasta la fecha en la que prescriban posibles delitos. «Se van a tomar medidas no solo respecto a los hechos que se están investigando», también «en aquellos que se detecte negligencia profesional en la atención a los menores, sin perjuicio de la investigación que se está llevando a cabo», ha asegurado.

En el caso del expediente disciplinario abierto a la responsable provincial del servicio de tutelas, la consejera lo ha justificado por deficiencias en los canales de información ya que, ha puntualizado, «cualquier incidencia tiene que ser comunicada y no fue así».

El Gobierno de Aragón también pretende con la investigación discernir si hubo denuncias previas a las que suscitaron la operación de la Guardia Civil la semana pasada, interpuestas por las madres de dos menores que presentaban quemaduras y lesiones en el cuerpo por los abusos que recibían.

La consejera sentenció que el objetivo es saber «si se informó a algún funcionario, si alguien miró para otro lado, si hubo algún tipo de negligencia en la vigilancia de los menores, falta de diligencia en el traslado de la información o cualquier otro tipo de hecho que pudiera acarrear una responsabilidad».

Desde el departamento se están recabando informes sobre visitas e inspecciones y desde este lunes ya se estableció un plan de trabajo y vigilancia de todos los centros de menores que incluye, entre otras medidas, una reunión con los directores de los centros para explicarlo y el refuerzo de personal para elaboración de un protocolo de mala praxis.

Sobre la reubicación de los menores en Ateca, Susín confirmó que pese a que se recogieron el 2 de agosto, aún están siendo reubicados en otros centro del Gobierno de Aragón y del País Vasco y Baleares, ya que en Ateca había menores de estas comunidades. Respecto a uno de los menores denunciantes), la consejera indicó que «el Gobierno de Aragón tiene ahora una tutela vacía de contenido, ese menor permanece con su madre y mientras la juez no dicte un auto de cese de tutela sigue con ella». La madre pidió la reversión de la tutela autonómica, y se espera que la juez lo dirima a lo largo del día de hoy.

En cuanto a los menores fugados de Ateca, señaló que la Administración dio parte a la Guardia Civil cuando se fugaron y de los ocho menores cinco han regresado por su propia voluntad y están reubicados, y dos permanecen con sus madres. Ha observado que el CAM de Ateca es un centro abierto y «los chavales salen al instituto o a hacer sus actividades diarias».