Antonio Vercher, fiscal de Medio Ambiente: «Hay una situación absolutamente confusa con el Algarrobico»

—¿El medio ambiente se defiende bien?

—Sí, yo soy optimista. Partiendo de lo que había históricamente hablando, se han dado pasos importantes.

—¿Qué opina de iniciativas como la de incluir el ecocidio dentro del Código Penal, como una forma de conseguir penas más potentes?

—El tema de las penas las deciden los parlamentos. Y no sé hasta que punto el hecho de crear cosas un poco 'sui géneris', permita poner penas mayores. El Consejo Consultivo de Fiscales Europeos dice: «No se ha acordado una definición universal en relación con los delitos medioambientales». Hay una cantidad impresionante de planteamientos legales al respecto. Entonces, en una situación en la que no hay un acuerdo unánime en qué tiene que ser el delito ambiental, meterse ya con el tema del ecocidio me parece que es ir metiendo material porque sí.

—Dentro de su libro es muy duro con la Administración. ¿Es uno de los mayores infractores ambientales del país?

—El Parlamento, en 1995, cuando prepara el Código Penal actual, crea tres figuras de prevaricación ambiental. El artículo 320, ordenación del territorio y urbanismo; el 322, en patrimonio histórico y el 329, medio ambiente. Si hay una prevaricación ordinaria en el artículo 404, que se podía utilizar, y consideran que esto no es suficiente y que hay que crear tres formas especiales de prevaricación específicamente para medio ambiente, pues que baje Dios lo vea, ¿no? Yo no digo nada.

—Sobre el urbanismo, dice que el término demolición es uno de los más problemáticos, ¿por qué?

—El problema es que aquí no se ha demolido jamás nada, históricamente hablando. Como no se ha demolido, a la hora de aplicar resulta complicado porque no hay ningún tipo de experiencia. Cuando en Fiscalía nos planteamos interpretar cuál es la naturaleza jurídica de la demolición, recurrimos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque hay bastantes más resoluciones. Actualmente, cosa que ha admitido hasta el Supremo, planteamos que era una forma de responsabilidad civil, con particularidades.

—¿Entonces se aplica?

—Salimos a una media de 150 demoliciones anuales.

—Pero al final siempre acabamos hablando de dos o tres construcciones que no se han demolido.

—Casi todas ellas tienen que ver con momentos anteriores a la creación de la Fiscalía.

—Estoy pensando en el Algarrobico (Carboneras, Almería) y en Valdecañas (Cáceres), que es más reciente.

—La última sentencia del Supremo [sobre el Algarrobico], del 13 de diciembre, el ponente deja perfectamente claro que aquí ha habido un abandono local, autonómico y nacional por parte de todas las administraciones. Actualmente hay un pollo de agárrate y no te menees.

—¿Y acabará en demolición?

—Siempre digo que es una victoria el hecho de que esto no se esté utilizando. Se ha hecho una inversión económica y hay una perspectiva absolutamente negativa porque esa inversión económica está en el limbo. Digamos que la irregularidad no se ha llevado a la práctica. Esta última sentencia, dentro del contexto contencioso, es una petición por parte de Greenpeace de que eso se demuela. Y lo que viene a decir el Supremo es que es lo deseable, el problema es que hay mucho escrito en este momento. Ha habido tantas anormalidades y el hecho de que el propio Ayuntamiento no haya declarado aquello como… se supone que es perfectamente legal según el Ayuntamiento, y aunque el TSJ les ha dicho que lo rectifiquen, no lo hace el Ayuntamiento. Argumenta que esto debería ir atado al pago de la indemnización correspondiente. Estamos hablando de millones. Reconozco que el problema en este momento es una situación absolutamente confusa a nivel administrativo y también judicial, porque ha habido sentencias del Supremo totalmente contradictorias para complicar todavía más la materia.

Delincuencia ambiental y empresas

• Editorial: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales
• Autor: Antonio Vercher

—Menciona en su libro el primer juicio por greenwashing en Europa, en Dinamarca. ¿Llegaremos a ver el ecoblanqueo como un delito en España?

—Recurrimos al derecho penal cuando no hay otra forma de afrontar el problema. El derecho busca mantener la paz social. Si se consigue con un contexto jurídico light, genial. Pero si lo light no funciona, aumentas la potencia de los instrumentos jurídicos y normativos.

—¿Son los tribunales el lugar para luchar contra gobiernos y empresas por el cambio climático ?

—Es una materia de una complejidad brutal. Si por una parte tienes eso, y en segundo lugar tienes que el problema crece exponencialmente (cada vez hay más contaminación, más residuos…), las dificultades siguen aumentando. Este incremento y complejidad determinan que no solamente se vaya recurriendo cada vez más a tribunales, sino que se estén creando fiscalías y tribunales especializados.

—En Reino Unido ya ha habido una primera sentencia por los efectos de la contaminación atmosférica sobre la muerte de una chica con asma. ¿Vamos hacia ello?

—Yo no descarto que se pueda hacer. Si en otros países esta opción es válida, aquí puede ser válida. Se está planteando ya en reuniones, a nivel de seminarios, ese tipo de litigiosidad. El Defensor del Pueblo vasco nos ha informado de que lo están planteando. No sé qué pasará, ni cuándo, ni en qué condiciones, pero está ahí.

—¿En los próximos años cambiará mucho el derecho medioambiental?

—Segurísimo. Hay un proyecto de reforma de la directiva de 19 de noviembre de 2008 de la UE que va a determinar que aumentemos el número y la cuantía de las penas exponencialmente en nuestro sistema penal. Eso está más claro que el agua. Se decía que en breve iba a materializarse, parece que ha habido problemas, pero con mayor o menor contenido, esa reforma va a tener lugar.