El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Costas

Según la sentencia del tribunal a la que ha tenido acceso Europa Press, en concreto se declaran «inconstitucionales y nulos» un artículo y tres disposiciones, mientras que considera que otra de las disposiciones recurridas es constitucional y desestima el recurso «en todo lo demás».

De este modo, no se podrán excluir del dominio público marítimo los terrenos destinados a cultivo marino o a salinas marítimas, terrenos que hayan sido inundados artificial o controladamente a consecuencia de las obras o instalación realizadas al efecto para estas actividades. El Tribunal Constitucional ha anulado así un nuevo apartado de la Ley de 2013 a la disposición transitoria primera de la ley de 1988.

Además, ha declarado inconstitucional la disposición adicional cuarta sobre el deslinde en la isla de Formentera.

Igualmente, considera inconstitucional la disposición adicional novena, por la que «en atención a las actuales y extraordinarias circunstancias económicas que fuerzan la restricción del gasto público y las inversiones», las instalaciones de depuración de aguas residuales que estuvieran construidas en dominio público marítimo-terrestre antes de la Ley de 2013, se podrían mantener en ese emplazamiento y seguir con su actividad «temporalmente», en las condiciones de servicio y explotación que sean necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales exigidos por la normativa aplicable.

Además, anula el segundo apartado de esta disposición por la que una vez que las circunstancias económicas lo permitan se iniciarán las actuaciones para dirigirse a la adecuada sustitución de tales instalaciones.

La organización ecologista Greenpeace celebra la noticia. Tal como afirma en un comunicado, esta sentencia del TC apoya lo que ya denunciaba la organización: « la inconstitucionalidad que suponía otorgar a manos privadas los terrenos naturales de las salinas y los pocos lugares que quedan sin urbanizar en el Mediterráneo. La organización considera que esta ley supone una sentencia de muerte para valiosos ecosistemas y paisajes costeros y demanda al próximo Gobierno su revocación total».