Quejas de los docentes por no recibir información sobre la figura del «coordinador de bienestar y protección»

Así lo anunció el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias , el pasado jueves. Este periódico se puso en contacto con el Ministerio de Educación para obtener más información sobre esta nueva figura pero han remitido a hacer las consultas a Vicepresidencia. «Se ha trabajado conjuntamente con Educación en algunos aspectos ya desde hace tiempo, pero dado que es un proyecto de ley de la Vicepresidencia segunda, es más adecuado que lo expliquen ellos», señalaron fuentes de Educación.

Sin embargo, no es comprensible cómo este ministerio no puede dar más explicaciones sobre una figura que será obligatoria en los centros de toda España y que, según el equipo de Iglesias, será «creada de forma coordinada con la reforma de la ley de Educación». Sus funciones se basarán en « asegurar el adecuado funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia », apuntaron las mismas fuentes que no han querido dar más detalles sobre quién ejercerá esta función, quién lo designará, y por qué es necesaria esta figura si las labores contra el acoso, bullying, etc. ya la ejercen los orientadores, jefes de estudios o comisiones de convivencia.

Las organizaciones educativas consultadas por ABC no sabían de la creación de esta nueva figura y su desconocimiento generó la primera polémica. «Es una vergüenza que se propongan estas cuestiones sin que los representantes legales del profesorado hayan tenido ningún conocimiento y no se haya producido ninguna negociación como es de ley según los derechos de los empleados públicos», criticó Mario Gutiérrez , presidente de Educación del sindicato CSIF.

Antonio Amate , secretario general del sindicato Feuso, señaló que «esta figura es innecesaria o, al menos, nada prioritaria. Más importante es que pueda haber personal sanitario y nadie ha tomado ningún interés por este asunto. Además, con los servicios psicopedagógicos en los centros sería más que suficiente», apuntó a ABC y lamentó que en la concertada solo se paga una jornada completa de un orientador (25 horas) por cada 25 aulas concertadas en la ESO, es decir, «25 unidades por 25 alumnos de media daría un orientador por cada 625 niños». En Primaria, la presencia del orientador es más testimonial aún, depende de cada comunidad y se financian menos horas. En la enseñanza pública, las labores de protección se llevan a cabo a través de la comisión de convivencia del consejo escolar de cada centro.

Nicolás Fernández Guisado , presidente del sindicato de profesores ANPE señaló que «la nueva figura tiene un nombre eufemístico y rimbombante y nos interesa saber es a qué cuerpo van a pertenecer y cuáles serán sus competencias en el centro». Guisado añadió que para tratar todos estas funciones «hemos exigido la reactivación del observatorio de la violencia escolar pero hace más de nueve años que está paralizado».