PSOE y MÉS pactan que el catalán sea un requisito para todo el personal sanitario en Baleares

El futuro decreto desarrollará la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública. El Gobierno regional aceptará, como excepción, que profesionales foráneos que no conozcan la lengua catalana puedan optar a plazas concretas cuando haya carencia de especialistas .

De ese modo quedará zanjada, en principio, la polémica que desde agosto han mantenido sobre esta cuestión MÉS por Mallorca y el PSOE . Cabe recordar que hace un mes los econacionalistas obligaron a los socialistas a retirar una resolución inicial , publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), en la que se dispensaba del conocimiento del catalán a determinadas categorías laborales. En concreto, se establecía que en los procesos de selección de personal y de provisión de plazas quedarían eximidos de conocer la lengua catalana tanto médicos como enfermeros y farmacéuticos.

Debido a la presión ejercida en aquellas fechas por MÉS hacia el PSOE, el Servicio de Salud anuló la resolución originaria pocas horas después de su publicación en el BOIB. La finalidad de ese raudo cambio de criterio fue, según se señaló entonces en un comunicado, «disipar cualquier duda sobre la voluntad del Govern de facilitar que los usuarios de la red sanitaria pública puedan ser atendidos en catalán ».

Asimismo, se anunció también entonces que en breve habría una nueva resolución que sustituiría a la primera, para dar más peso al conocimiento del catalán a la hora de contratar y para adecuarse a los criterios lingüísticos de los acuerdos de gobernabilidad suscritos a mediados de 2015 entre el PSOE, MÉS y Podemos. Cabe recordar que la formación morada no forma parte del Ejecutivo de Armengol, al que da un apoyo externo.

En estas últimas semanas, socialistas y econacionalistas han estado negociando acerca de una nueva resolución y sobre cuál debería ser el contenido definitivo del futuro decreto en materia lingüística. El acuerdo alcanzado ahora fija, como se ha señalado, la exigencia del catalán para todo el personal sanitario. Aun así, el Servicio de Salud —en manos del PSOE— y la Dirección General de Política Lingüística —gestionada por MÉS— también han acordado que en las convocatorias de selección de categorías sanitarias en que haya carencia o insuficiencia de profesionales, las personas que no hayan podido acreditar el nivel de catalán exigido serán admitidas en la convocatoria siempre que el número de plazas ofertadas sea superior al número de participantes.

En esos casos concretos y específicos, las personas admitidas excepcionalmente dispondrán de un plazo de dos años , desde el momento en que tomen posesión de la plaza, para acreditar los conocimientos de catalán requeridos . Esta situación afectará únicamente, como se ha indicado, a las categorías asistenciales que sean deficitarias.

Por otra parte, el Servicio de Salud ha creado recientemente el Servicio de Planificación Lingüística, que «fomentará la formación y el aprendizaje de la lengua catalana entre los profesionales de la sanidad, promoverá un proceso de normalización lingüística en los centros sanitarios y estudiará las demandas de los usuarios del Servicio de Salud en materia lingüística». El nuevo servicio creado por la Consejería de Salud actuará en coordinación con la Dirección General de Política Lingüística.

Cabe recordar que en marzo del pasado año el Parlamento balear aprobó una modificación puntual de la Ley de la Función Pública, para que el catalán volviera a ser un requisito , en lugar de sólo un mérito, para poder ser funcionario en la Comunidad. Votaron a favor de la citada modificación el PSOE, MÉS —por Mallorca y por Menorca— y Podemos, que son las formaciones que en esta legislatura dan su apoyo directo o indirecto a Armengol. El partido nacionalista Proposta per les Illes (PI) también votó a favor, mientras que el PP y Ciudadanos votaron en contra.

El anterior presidente autonómico, el popular José Ramón Bauzá, había modificado por vez primera la Ley de la Función Pública, en julio de 2012, con el propósito de que el catalán pasase a ser considerado únicamente un mérito y no un requisito para ser empleado de la Administración. El PSOE presentó en aquel momento un recurso de inconstitucionalidad contra dicho cambio. Sin embargo, en octubre de 2013 el Tribunal Constitucional avaló la decisión de Bauzá.