El PP reclama al Gobierno una estrategia sociosanitaria para blindar la protección de las personas mayores

Con el 18,60 por ciento de la población (8,7 millones de personas) mayores de 65 años y una esperanza de vida al nacer de 83 años, los populares consideran que «la mejora de la atención de las necesidades sociales y sanitarias de las personas mayores tiene que ser considerada prioritaria».

El grupo recuerda que la nueva situación generada como consecuencia de la alta vulnerabilidad de las personas mayores ante la infección de Covid-19 «no sólo está teniendo consecuencias sobre el sistema sanitario, sino también sobre el gran número de ancianos residentes en centros de carácter social».

Según precisan, las víctimas mortales en estos centros por la pandemia o síntomas compatibles con el Sars CoV-2 se situaría entre las 26.000 personas, pese a que «el Gobierno sigue sin facilitar los datos». Frente a esta situación, la proposición no de ley, a la que ha tenido acceso ABC, urge a «abordar una revisión del sistema de cuidados que garantice la protección y los apoyos necesarios a lo largo de su vida».

«Queremos reforzar la atención de las personas mayores vulnerables o que son dependientes con un mayor apoyo social y sanitario y para ello es fundamental conectar la historia clínica de los pacientes con su historia social a través de una mejor coordinación de ambos ámbitos», explicó a este periódico Alicia Garcia Rodriguez, portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlmentario Popular.

Para ello, el PP plantea «un nuevo modelo de atención que comparta procesos de atención sociosanitario de forma estructurada y con una mejor combinación de las prestaciones sociales y sanitarias en cada momento, que preserve la vida independiente y autónoma, con los apoyos necesarios». Pretende además que esa atención de calidad se pueda prestar a las personas «vivan donde vivan, en su hogar, en su centro asistencial o en el entorno urbano o rural».

El Grupo popular señala en su proposición no de ley --presentada para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad-- que la nueva estrategia deberá contener «criterios homogéneos de actuación para todas las administraciones competentes con medidas de innovación social y tecnológica, preservando la independencia y autonomía de nuestros mayores, apoyándoles en lo que precisen, centrados en ellos, y en la calidad y cercanía en la atención que se les presta».