Podemos quiere que un defensor judicial autorice a los menores de 16 a elegir su sexo sin permiso paterno

Podemos ha puesto el foco de sus iniciativas sociales en las demandas de este colectivo y ayer registró en la Cámara Baja esta controvertida iniciativa, junto a una representación de la Plataforma Trans. Aunque la normativa específica para las personas transexuales recoge muchas de las medidas de la ley LGTBI, sobre todo la insistencia en que los menores de 16 años puedan hormonarse sin permiso paterno , incorpora una singular definición de la condición sexual. Si prospera esta norma, ya no solo podrán registrarse con el término femenino o masculino, sino también como «No Binario» (abreviatura NB), con la que clasifican a personas dentro de una tercera categoría de género.

Podemos invita a los mayores de 16 años «cuya identidad sexual y/o de género no coincida con el sexo que figura inscrito en el Registro Civil, a promover ante el encargado del Registro del domicilio, mediante expediente gubernativo, la rectificación de la circunstancia relativa al sexo, y/o cambio de nombre propio. La mención al sexo será femenino, masculino o no binario».

La formación morada afirma que algunos países otorgan un reconocimiento y garantía jurídica a las personas identificadas como « género no binario » o una tercera categoría de género. Asimismo, en unos sistemas jurídicos «esta opción solo está disponible para personas intersex».

En la exposición de motivos de la PL, esta formación política afirma que Australia fue el primer país que en 2003 estableció una tercera categoría de género , al reconocer el sexo de una persona como «indeterminado». Seguidamente, hace referencia a Alemania que, en noviembre de 2013, aprobó una ley que permite la inscripción de todas aquellas personas con características de ambos sexos, bajo el signo de «X» en su documentación.

Al margen de esta cuestión, la formación de Pablo Iglesias insiste en la necesidad de que los menores de 16 años puedan recibir un tratamiento hormonal, sin permiso de sus padres. Pero va más allá, ya que, subraya que, en los casos en los que la persona no sea capaz intelectual y emocionalmente de «comprender el alcance de dichos tratamientos», el consentimiento « lo darán las personas que ostenten la representación legal ». Si hay discrepancia entre la persona que ostenta la patria potestad y el menor de 16 años, se nombraría «un defensor judicial» que acompañe al joven.

Entre las medidas que recoge en el ámbito educativo, hay que destacar su propuesta para que las comunidades incluyan en los libros de texto «la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, así como la igualdad de los derechos de las personas trans». También plantea que el alumnado transexual «tenga derecho a utilizar y ser nombrado con el nombre elegido conforme a su identidad sexual, a ser considerado a todos los efectos y actividades que se programen, el uso de uniformes o el acceso a los aseos, de acuerdo a su identidad de género».

En el ámbito laboral, propone incentivos fiscales para las empresas que contraten a personas de este colectivo en el sector privado. Los beneficios se concretan en una deducción especial del 60% en la base imponible del Impuesto de Sociedades.

La iniciativa no ha tenido buena acogida en el principal grupo parlamentario que podría respaldarla: el socialista. La portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez , aseguró a ABC que «no se puede hacer una ley para cada cosa. Es una cuestión que ya está incluida en la ley LGTBI y en el trámite de enmiendas se podrán ir dando soluciones. No tiene sentido legislar más veces sobre lo mismo. Estamos entrando en una locura legislativa».