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Mos Movem presenta un recurso contra el decreto del catalán en la sanidad balear

El siguiente paso de la plataforma será impugnar la norma lingüística aprobada por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol

PalmaActualizado:

La plataforma civil ciudadana Mos Movem-En Marcha-Let's Go, impulsada por la empresaria menorquina Úrsula Mascaró, ha presentado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares un recurso contencioso administrativo contra el decreto autonómico que regula el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería que deseen trabajar en la sanidad pública isleña.

El recurso señala que el citado decreto resulta «en su globalidad y en todos y cada uno de sus preceptos contrario a derecho». El siguiente paso que dará Mos Movem será impugnar la nueva norma lingüística, que fue aprobada el pasado 23 de marzo por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos.

El decreto rebaja, en su versión definitiva, las exigencias de catalán inicialmente anunciadas por el Govern. De ese modo, finalmente se podrá presentar a las futuras oposiciones cualquier profesional sanitario, aunque no tenga hoy la preceptiva titulación lingüística establecida para cada categoría laboral. En ese sentido, cabe recordar que el nivel de conocimiento del catalán fijado finalmente para médicos, enfermeros y técnicos ha sido el B1 o elemental, mientras que el nivel establecido para auxiliares de enfermería y celadores ha sido el A2 o básico.

La preceptiva titulación lingüística podrá conseguirse en todas esas categorías laborales en un plazo máximo de dos años una vez obtenida la plaza. Si transcurrido ese tiempo el profesional sanitario que superó las oposiciones no pudiera acreditar la titulación de catalán que le corresponde, no perderá su plaza, pero no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional. Estas dos penalizaciones laborales han sido especialmente criticadas por quienes cuestionan o se oponen al decreto del catalán, al entender que podrían vulnerar la ley. En ese sentido crítico se pronunciaron tres de los diez letrados del Consejo Consultivo de las Islas Baleares, si bien dicho órgano superior de consulta de la Comunidad emitió finalmente un dictamen favorable al decreto.

Movilizaciones y críticas

Cabe recordar que Mos Movem impulsó en diciembre del pasado año la primera protesta contra el decreto del catalán en la sanidad pública balear. En aquella ocasión, unas 2.000 personas participaron en Mahón, capital de Menorca, en una manifestación bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas». Posteriormente, el pasado 18 de febrero, algo más de 2.500 personas se manifestaron en Palma también contra el decreto, en una marcha organizada nuevamente por Mos Movem. Desde entonces se han celebrado también concentraciones de protesta en diversos centros hospitalarios de la Comunidad.

La actual norma lingüística está suscitando fuertes críticas desde diversos ámbitos. Así, además de Mos Movem, han venido expresando su oposición al decreto el PP, Cs, Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la nueva plataforma Convivencia Balear y diversas asociaciones de pacientes, entre otras entidades. De manera genérica, dichos partidos y sindicatos consideran que el catalán debería ser un mérito y no un requisito para poder trabajar en la sanidad pública.

Por otra parte, desde entidades próximas al independentismo, como por ejemplo la Obra Cultural Balear o la Plataforma por la Lengua, se ha criticado a Armengol por haber decidido finalmente descartar el primer borrador del decreto, que era más exigente en materia de requisitos lingüísticos que el texto finalmente aprobado el pasado mes de marzo.