El Gobierno alarma a la universidad al endosarle las cotizaciones de los becarios

Cambia la ley y el sistema de cotización de las prácticas acádemicas en las empresas

Las prácticas en empresas pueden estar en peligro por los cambios legislativos ABC

05/01/2019
Actualizado a las 01:46h.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sembrado la alarma entre las universidades, los becarios y los centros de formación profesional, con la nueva regulación de la cotización a la Seguridad Social de las prácticas académicas externas. El Real Decreto para ... la revalorización de las pensiones públicas, aprobado el pasado día 28 de diciembre, contiene una disposición adicional quinta, en la que cambia el sistema vigente, sin haber contado con las partes implicadas, sin negociación y sin consenso. Una modificación que abre la puerta a que sean los centros universitarios los que tengan que hacerse cargo de esta cotización, con el quebranto económico que puede suponer, e incluso a la eliminación de las bonificaciones que estaban vigentes hasta ahora. Puede afectar a 200.000 alumnos, con un coste de entre 50 y 60 euros al mes por alumno.

Las prácticas académicas se dividen en curriculares y extracurriculares. Las primeras son una asignatura más del plan de estudio y son obligatorias para el alumno. Antes de la aprobación del Real Decreto, las remuneradas no implicaban el alta en la Seguridad Social, mientras que las remuneradas, sí. Aunque el coste correspondía a las empresas, existía una bonificación del 100%.

Las extracurriculares no son obligatorias, sino que la universidad actúa como mero intermediario entre el alumno y la empresa. Las no remuneradas no implicaban el alta en la Seguridad Social y las remuneradas, sí, a cargo de la empresa que contrataba.

Plazo de tres meses

Con el Real Decreto, que fija un plazo de tres meses para desarrollar los aspectos concretos, el Gobierno iguala las prácticas curriculares con las extracurriculares. Las no remuneradas pasarán a tener que cotizar a la Seguridad Social. El coste estará a cargo de las empresas, salvo que en el convenio que se firme «tales obligaciones corresponderán al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios». En el caso de las remuneradas, no se contempla la bonificación del 100% que estaba vigente, y se especifica que su coste estará cargo de « a quien corresponda de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso».

Ello supone que, en ambos casos, la universidad puede tener que hacerse cargo de estas cotizaciones, como así lo denuncia a ABC el presidente de Asuntos Académicos de la Conferencia de Rectores (CRUE), Carlos Andradas . «Se abre un escenario de inseguridad y un melón que puede tener graves consecuencias y perjuicios. Los empresarios pueden acoger solo a alumnos, siempre y cuando la universidad se hagan cargo de las cotizaciones. Habrá universidades que están dispuestas a pagarlas, y otras no», advierte el rector de la Universidad Complutense de Madrid.

«Lo que más nos ha sorprendido es que no nos hayan dicho nada sobre aspectos que pueden retraer la oferta de prácticas y que nos hayamos enterado por el BOE », insiste.

Desde el PP, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra , también criticó la falta de diálogo y pide que se mantengan las bonificaciones para «no penalizar a los alumnos».

Por su parte, Ciudadanos registró ayer una bateria de preguntas para que el Gobierno explique esta medida, y la portavoz de Educación, Marta Martín , afirmó que van a «arruinar» a las universidades y a los centros de Formación Profesional.

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