Los fiscales progresistas comprenden las reacciones al fallo de La Manada: «Nadie está libre de la crítica»

En un comunicado, la Asociación de Fiscales se unió ayer a la visión de las plataformas de jueces y denunció «la intromisión» en los asuntos judiciales de los representantes políticos. Censuraró las manifestaciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá , a quien recordaron que su responsabilidad es «fomentar la confianza en las instituciones». Catalá expresó su «respeto» a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, pero abrió la puerta a que se revise la regulación de los delitos sexuales, para aclarar su aplicación.

Los fiscales progresistas, en cambio, comprenden que los políticos exhiban su discrepancia con el fallo y valoren cambios en la ley. «En un asunto de tanta trascendencia, los representantes políticos pueden expresar su opinión», reflexionó Fernández García. El presidente de la UPF considera que las críticas a las resoluciones no perjudican la independencia de los jueces ni la confianza en el sistema. Esa independencia es compatible con las críticas.

La asociación conservadora escogió un tono muy severo con la reacción popular y política: lamentó los «juicios paralelos» y denunció la tentación «de legislar a golpe de noticia». La AF denunció que se han realizado «manifestaciones carentes de rigor» y puso en valor el sistema de recursos de la pirámide judicial, que permitirá que otros dos tribunales revisen el fallo de «La Manada». Reconoció que las sentencias pueden conducir «a resultados que no son los esperados por los ciudadanos», pero ensalzó el trabajo de «jueces profesionales e independientes tras la valoración en conciencia de la prueba» practicada en la vista oral.

Sobre el fondo del asunto, el presidente de la UPF expresó a ABC su deseo de que los tribunales que resolverán los recursos rectifiquen y aprecien que fue una violación. Según Fernández García, «los hechos probados relatan una actuación perfectamente subsumible como un delito de agresión sexual». «Describen una situación de absoluta intimidación, que en otro delito no se cuestionaría », señaló.

La Audiencia de Navarra condenó por abuso sexual, con prevalimento por superioridad, pero descartó la violación, al considerar que no hubo intimidación suficiente para ser agresión. Las partes han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y siempre podrían acudir después en casación ante el Tribunal Supremo, quien tendría la última palabra. El Supremo revisaría la calificación jurídica de los hechos probados.

El portavoz de los fiscales progresistas consideró que la intimidación no exige una amenaza expresa de muerte para existir, y lamentó el tono de juez del voto particular, que pidió la absolución. Denunció que este magistrado utilizó expresiones «no muy respetuosas» con la víctima, a quien vuelve a victimizar y en quien pone el foco.