Pugna a la desesperada de las regiones que se han quedado en el alero del desconfinamiento

Además, el ministro descartó que vayan a mostrar los informes que avalan si las comunidades superan el corte . «Quien hace este informe son los funcionarios y técnicos del CCAES» (Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias) que dirige Fernando Simón , dijo. Así que solo los miembros del CCAES conocen qué distingue a un distrito valenciano del de Vitoria-Labastida, inicialmente castigada por el patógeno, aunque ahora el primero está en fase cero y el segundo va por delante.

Illa insistió, como repite el presidente Pedro Sánchez en cada intervención, en que «no va a polemizar con ninguna comunidad» y que esta semana volverá a plantearse el salto de fase para aquellas que se han quedado en el alero del desconfinamiento. Sanidad evaluará en las próximas horas los informes correspondientes a Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y las dos Castillas y el viernes por la tarde se comunicará si acceden a la codiciada fase 1 (de apertura del pequeño comercio y terrazas, reuniones y los templos al 30%, entre otras medidas), a partir del día 18.

También habrá planteamientos adicionales por parte de otras regiones, como ya se anunció en la conferencia de presidentes autonómicos con Sánchez el pasado domingo y se repitió el lunes por la tarde en videoconferencia ante el ministro Illa. En dichos encuentros algunas comunidades –gobernadas por PP y PSOE– coincidieron en reprochar al Gobierno su malestar por que el País Vasco avanzó en la desescalada después del apoyo del PNV en la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma. Un extremo que el titular de Sanidad negó varias veces durante la rueda de prensa ayer en Moncloa. «El País Vasco progresó porque cumplía con los requisitos que habíamos fijado», expresó Illa. Y abundó: «No se puede permitir otra cosa que tomar decisiones en base a criterios técnicos, con cautela y ninguna otra consideración a la vista».

Pero el presidente valenciano está más que molesto. Ximo Puig encabeza la insurrección contra la decisión de Sanidad. Ayer reprochó que «no se ha justificado con criterios objetivos» que su región «suspendiese» en 14 de sus 24 distritos sanitarios. El ministro respondió a Puig: « Esto no es un "check-list" , es una decisión un poco más compleja que requiere de un análisis».

La rebelión política en Valencia ya tiene su derivada judicial. El abogado Luis Vericat ha presentado una querella penal ante el Tribunal Supremo por un supuesto delito de prevaricación administrativa contra el ministro de Sanidad por haber tomado esta determinación pese a que, en opinión del letrado, el territorio «cumplía con los requisitos» para cambiar de fase. Vericat argumenta la «urgencia de investigar los hechos» porque «el riesgo para la salud y la vida de las personas estaría en juego». A su juicio, «todo apunta a que la decisión del ministro tiene una motivación política, ha sido arbitraria y a sabiendas de que era injusta».

La fractura entre ambos gobiernos es evidente, aunque el tono de las declaraciones se ha ido templando en Valencia con el paso de los días. La consejera autonómica de Sanidad, Ana Barceló , apunta a la movilidad y a la densidad de población cuando fue preguntada por qué motivó la negativa del Gobierno. Simón concretó ayer que la región tenía «un número nada desdeñable de sospechosos a los que no se les ha hecho un test diagnóstico».

Por su parte, la Comunidad de Madrid va a plantear entre hoy y mañana un informe para acceder a la siguiente fase sustentado en la posibilidad de elevar en 4.000 la capacidad diaria de PCR(de 11.000 a 15.000) y un refuerzo de la contratación en plantilla para afrontar la desescalada.

Castilla y León , a su vez, ya ha enviado su propuesta con otras 14 zonas básicas de salud, todas del medio rural, que se quedaron fuera el lunes por llegar fuera de plazo, informa Montse Serrador . La Junta no descarta añadir alguna más que aún analiza. De hecho, Illa insistió ayer en que siguen estudiando la propuesta de adelantar actividades entre fases para la España rural, como pide Aragón.

El director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Juan Camacho, reveló que el lunes remitieron la documentación pertinente y reconoció que el suspenso fue más por cuestiones de gestión que epidemiológicas. Enviaron a Sanidad estrategias de vigilancia de casos y un plan formativo de las enfermeras investigadoras de casos en los recursos de Atención Primaria. Por último, Andalucía está convencida de que el viernes conocerán la decisión expeditiva sobre las dos provincias que restan para la fase 1. Juanma Moreno cree que Málaga y Granada superarán el examen , aunque vayan una semana por detrás del resto.