Familias de 14 niños muertos en una mina de cobalto del Congo denuncian a las grandes tecnológicas

Esta demanda sin precedentes contra estas empresas tecnológicas pide una compensación por daños para las familias de fallecidos y heridos y otra cuantía por enriquecimiento ilícito, supervisión negligente y por infligir daños emocionales intencionados.

La demanda sostiene que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla tenían «conocimiento concreto» de que el cobalto empleado en sus dispositivos procedía de empresas que utilizaban trabajo infantil forzado en condiciones peligrosas y por ello consideran que son cómplices. Además, sostiene que no imponen control alguno, pese a tener la capacidad para supervisar estas minas , por lo que habrían contribuido a las muertes y lesiones sufridas por los familiares de los demandantes.

«En lugar de intervenir y ayudar a estos menores con una parte nimia de su riqueza y poder, estas empresas no hacen nada y siguen beneficiándose del cobalto barato extraído por niños a los que les han robado la infancia, la salud y para muchos, incluso la vida», señala International Rights Advocates en una nota de prensa.

El cobalto es fundamental para cargar las baterías de litio utilizadas en los productos de Apple, Google, Dell, Microsoft o Tesla y la demanda de este mineral se ha triplicado en los últimos cinco años y se espera que se duplique para finales de 2020. Más del 60 por ciento de la producción mundial de cobalto procede de República Democrática del Congo, uno de los países más pobres, conflictivos e inestables del mundo.

La demanda sostiene que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla colaboraron y fueron cómplices de los delitos perpetrados por las empresas responsables del trabajo forzado de menores en condiciones peligrosas que derivaron en la muerte o graves heridas para los menores.

Algunas de las familias demandantes aseguran que sus hijos trabajaban ilegalmente en las minas propiedad de la empresa británica Glencore. Este cobalto era después vendido a Umicore, un intermediario con sede en Bruselas que es quien vende finalmente el mineral procesado a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Otros demandantes sostienen que los niños trabajaban en las minas propiedad de la empresa china Zhejiang Huayou Cobalt, suministradora de Apple, Dell y Microsoft y posiblemente de otras multinacionales tecnológicas.

Los niños empezaban a trabajar por salarios ínfimos de hasta dos dólares diarios en puestos de gran dureza física en los túneles excavando para extraer las rocas de cobalto con herramientas precarias y en total oscuridad. Algunos de los niños de las demandas murieron en hundimientos de túneles y otros han quedado paralíticos o con secuelas permanentes tras sufrir accidentes a cambio de salarios de entre uno y dos dólares diarios.

Uno de los demandantes asegura que un sobrino suyo se vio obligado a trabajar en las minas de cobalto cuando su familia no pudo pagar los seis dólares mensuales que costaba su escolarización. En abril del año pasado estaba trabajando en una mina gestionada por Kamoto Copper Company propiedad de Glencore cuando se produjo un derrumbe en un túnel que le sepultó vivo y ni siquiera se recuperó su cadáver.

Otro niño relata que comenzó a trabajar en las minas a los 9 años y trabajaba como porteador de rocas de cobalto para Kamoto Copper Company por 0,75 dólares al día cuando cayó en uno de los pozos. Sus compañeros lograron rescatarle , pero fue abandonado dentro de las instalaciones y solo recibió atención cuando su familia se enteró de lo sucedido. Ahora está paralítico de pecho para abajo y jamás volverá a andar.

En otros casos se trata de miembros aplastados y columnas vertebrales rotas en derrumbes en los túneles o transportando cargas pesadas sin que ninguna de las víctimas recibiera indemnización alguna.

«En mis 35 años como abogado de Derechos Humanos jamás vi unos abusos tan graves y a tan gran escala contra niños inocentes. Esta asombrosa crueldad y avaricia deben cesar», ha subrayado el abogado principal de la demanda, Terry Collingsworth.

La demanda es el resultado de años de investigación y recopilación de datos con numerosos viajes del equipo de abogados al país africano. «Este es el principio del fin de la impunidad para quienes se han beneficiado del trabajo infantil en las minas de República Democrática del Congo», ha afirmado, por su parte, uno de los colaboradores congoleños de la investigación, identificado como doctor Liwanga.