La crisis de Ucrania deja en suspenso la transición climática de Europa

Sin embargo, poco después los eurodiputados aprobaron con solvencia la propuesta que implica que en 2035 se prohibirán en Europa las ventas de vehículos con motor de combustión interna, que es otro de los componentes esenciales de esa transición energética. Antes se había decidido incluir los vuelos internacionales que despeguen desde el interior de la Unión Europea en el esquema del comercio de emisiones, que también contribuirá a reducir la contaminación, pero después del fiasco en el voto sobre la reforma del mecanismo de intercambio de emisiones, todo el paquete se ha quedado literalmente en el limbo. Se trata de un enjambre de regulaciones que se apoyan unas sobre las otras sin posibilidad de que unas funcionen si no lo hacen todas.

Lo que se sometía a votación ayer era la posición del Parlamento en ocho de las 14 iniciativas del paquete legislativo conocido como «Fit for 55» («A medida para 55», en referencia al objetivo de reducir en 2030 las emisiones de carbono respecto a las que se midieron en 1990), y que es el paso previo para consensuar con los gobiernos nacionales un resultado definitivo.

Todas las previsiones han saltado por los aires en la reforma del sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que sirve para intercambiar los gases contaminantes de más de 11.000 industrias de gran consumo energético en la Unión Europea (UE) y que constituye uno de los pilares de la política medioambiental de la UE. En general, la industria pesada como la siderúrgica y la de generación eléctrica piden un poco más de tiempo mientras que el transporte presiona para que se fijen cuanto antes los precios de las emisiones para mantener incentivos para la transición hacia vehículos de nuevas tecnologías.

De hecho, poco antes se había aprobado el texto relativo a la reducción de emisiones en la aviación, por lo que el voto de la reforma del ETS se daba por seguro teniendo en cuenta que se había consensuado entre todos los grupos y no se esperaba ninguna sorpresa. Y sin embargo, el texto ha tenido que ser retirado a petición del ponente , que lo volverá a llevar a la Comisión de Medio Ambiente para tratar de encontrar un nuevo acuerdo después de esta peripecia.

Canfin, que milita en el grupo liberal, reconoció después del incidente parlamentario que desde que se empezó a tramitar este paquete legislativo hace más de dos años «el mundo ha cambiado mucho, y podemos sacar dos conclusiones diferentes. Por un lado debemos evitar imponer más cargas a la industria y, por otro, hay que acelerar la transición verde». En su opinión, «el parlamento apoya en gran medida el desarrollo de las energías renovables y también tenemos discusiones sobre los precios adicionales para las emisiones de carbono que le corresponde pagar a la industria. Y ese era el espíritu del acuerdo entre Renew (liberales) y el Partido Popular Europeo que mantenía el mismo nivel de ambición, aunque proponía un pequeño respiro en los próximos dos años para entrar en una aceleración después ».

El sistema de comercio de emisiones permite a las empresas obtener una serie de permisos para pagar por las toneladas de dióxido de carbono que expulsan a la atmósfera, de modo que se aliente a que hagan inversiones para reducirlas. El texto consensuado previamente en la comisión de Medio Ambiente preveía acabar con la gratuidad de esos permisos en un proceso que empezaría en 2026 y terminaría en 2032 pero la enmienda pactada y aprobada por PPE y liberales lo aplazaba dos años (desde 2028 hasta 2034) para dar un poco más de flexibilidad a la industria. Eso hizo que los socialistas y verdes, en una extraña coincidencia entra la ultraderecha y los euroescépticos, votaron en contra y derribaron la totalidad del texto. El grupo socialista se lamentaba de que los objetivos de «la revisión del Sistema de Comercio de Emisiones hayan sido diluidos por las fuerzas de derecha, lo que pone en peligro las ambiciones climáticas de la UE».

Sin embargo, dos horas después los eurodiputados aprobaron con rotundidad la propuesta de la Comisión Europea para reducir drásticamente las emisiones causadas por los automóviles y que preserva los conocidos objetivos de que en 2035 solo se puedan vender coches sin emisiones, es decir, coches eléctricos cien por cien, a pesar de que este es un objetivo en el que no todos los países están de acuerdo y es previsible que algún gobierno intente rebajarlo.

Este fracaso en la definición de la posición del Parlamento supone que los grupos políticos tendrán que sentarse de nuevo a negociar un acuerdo y que este tendrá que pasar primero por una votación en comisión antes de volver al pleno del mes que viene como muy pronto. Por su parte, el consejo donde están representados los países miembros, tiene previsto fijar su posición negociadora en los consejos de ministros de Energía y Medioambiente que se celebrarán en Luxemburgo a final de este mes . En este caso y a la vista de la experiencia parlamentaria, se puede dar por seguro que las dos posiciones serán distintas, por lo que será necesario que las instituciones negocien un acuerdo de consenso. Se había pensado que el resultado final podría llegar a lo largo del segundo semestre de este año, pero ahora nada parece seguro en este campo.