La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentando el acuerdo
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentando el acuerdo - ABC

El Congreso aprueba este jueves el Pacto Contra la Violencia de Género, que se aplicará en dos meses

El Pleno apoyará una nueva medida para que las madres de los hijos asesinados por sus padres también sean consideradas víctimas

MadridActualizado:

El Pacto Contra la Violencia de Género superará este jueves el último obstáculo para que empiece a ser una realidad en el plazo de dos meses. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará el texto que ha recibido luz verde de la Subcomisión y de la Comisión de Igualdad, tras el consenso alcanzado por la mayoría de los grupos, excepto Podemos, que se abstuvo el 28 de julio en la votación de la Comisión. El Senado ya aprobó su documento el 13 de septiembre.

El documento que llega al Pleno recoge 213 medidas, y a ella se incorporará una nueva, tras el acuerdo de todos los partidos para presentar un voto particular. Esta propuesta de última hora trata de paliar el error cometido durante la negociación, al dejar fuera del primer texto la consideración de víctimas de la violencia de género a las madrescuyos hijos han sido asesinados por su parejas o exparejes.

La justificación para esta propuesta es que «de las 44 menores asesinados en la última década por violencia de género, 26 lo fueron durante el régimen de visitas o en el periodo de la custodia compartida correspondiente al padre».

Violencia previa

A juicio de los socialistas, «la violencia machista contra las mujeres cobra múltiples formas y, además, se desplaza hacia todo aquellos a lo que la mujer está apegada. Particularmente preocupante son los casos en que el violento transforma en objetos, para continuar el maltrato y la violencia, a los hijos de las víctimas».

En el voto particular se recuerda que «las madres cuyos hijos e hijas han sido asesinadas, en el marco de esa violencia, por sus parejas y exparejas, no son consideradas legalmente víctimas directas de la violencia de género, a pesar de que, en la mayoría de los casos analizados durante la última década, la violencia mortal sobre los hijos fue el final de una violencia previa sobre la madre».

Por ello, «dado que es a la mujer a la que se le quiere dañar y que se ha hecho daño de facto cuando se producen estos asesinatos, es preciso que los apoyos psicosociales y derechos laborales, las prestaciones de la Seguridad Social, así como los derechos económicos recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género sean de aplicación en casos de violencia "por interpósita persona"».

Al margen de este voto particular, que será aceptado, hoy se debatirán otro paquete de medidas de formaciones como el PSOE , Ciudadanos y Podemos, que previsiblemente no serán aceptadas.

«Terrorismo machista»

Podemos pide la creación de equipos mixtos en los deportes de equipo federados; garantizar libre elección de las prendas del uniforme escolar; restituir la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular para detectar casos de mutilación genital; garantizar acceso universal a la reproducción asistiday un protocolo para la violencia de género contra mujeres lesbianas, transexuales y transgénero.

Además, quiere que la violencia de género sea considerada como «terrorismo machista» otorgando a las mujeres maltratadas mismos derechos que a víctimas del terrorismo. Al igual que Compromís, que también coincide con la formación morada en pedir una Ley de Violencias Machista que incluya toda tipología de violencia machista reconocidas en el Convenio de Estambul -trata, violencia sexual, mutilación genital, matrimonio forzoso, entre otras-.

Ciudadanos ha presentado un voto particular para garantizar la eficiencia en la aplicación de los recursos y el seguimiento del Pacto.

Tras la aprobación de hoy, el Gobierno cuenta con un plazo de dos meses para poner en marcha las medidas del Pacto.