La concertada denuncia que el Gobierno usa el sufrimiento de la pandemia para atacarla

PP, Cs, Junts per Cat y Coalición Canaria no logran sacar adelante sus enmiendas en defensa de la concertada en la Comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso. El texto, cuya versión definitiva se votará el viernes, salió adelante con el voto favorable de PSOE, UP, ERC y la abstención de Bildu

02/07/2020
Actualizado 03/07/2020 a las 12:43h.

Así como el PSOE y Unidas Podemos atacan cada vez con menos pudor a la concertada, cada vez con más fuerza responde esta. Las declaraciones de patronales, padres y sindicatos ya no es tan conciliadora como al principio. « No queremos iniciar una guerra pero estamos profundamente preocupados ... », confiesa Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la patronal más grande la concertada en España, que tiene matriculados a más de un millón de alumnos. El sector reúne, en total, al 25% del total de estudiantes preuniversitarios del país (8.100.000) . «Quieren hundir a todo un sector aprovechando la debilidad provocada por la pandemia, a la vez que se consolida el tono absolutista del Gobierno, frente a la pluralidad educativa que prevalece en toda Europa», denuncia Centeno. «Estamos sorprendidos por la utilización que hace el Gobierno del sufrimiento de la pandemia para atacar a la concertada. Los padres estamos preocupados porque esta discriminación, se nos está dejando de las ayudas a los colegios», añade Begoña Ladrón de Guevara , presidenta de la Confederación de padres de alumnos (Cofapa).

Lo dicen por el borrador que el Gobierno presentó ayer para su debate en el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, que forma parte de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, constituida en mayo. En el documento de dicho grupo de trabajo se hace una clara defensa de la educación pública en detrimento de la concertada. Los primeros apartados dedicados a educación establecen que « la totalidad del incremento de la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa », o que «las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes».

PP, Cs, Coalición Canarias y hasta Junts per Cat presentaron enmiendas en defensa de la concertada (los catalanes, algo tibias y más relacionadas con cuestiones competenciales) aunque no salieron adelante. La diputada del PP, Rosa Romero , cuestionó que Sánchez «dice querer tender la mano al PP para llegar a un acuerdo de reconstrucción y trae a este Parlamento un proyecto de ley sin consenso («ley Celaá»), y unas propuestas en este documento que son un ataque directo a la libertad de elección de los padres y a la concertada». Romero preguntó al Gobierno «por qué quieren dejar atrás a los alumnos de la concertada. En este momento y más que nunca se necesita el pleno apoyo a todos los centros», señaló. La del Gobierno, dijo «es una propuesta sectaria, ideológica y si en algo no vamos a estar de acuerdo es en materia educativa». En la misma línea opinó Sara Giménez , de Cs, que dijo que la propuesta del PSOE y Unidas Podemos se basan en el «sectarismo y la ideologización».

Finalmente, PP, Cs, UPN, Junts per Cat y el PNV votaron en contra de las conclusiones del grupo de trabajo. El documento salió adelante con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos y ERC, la abstención de EH Bildu y la ausencia de miembros del grupo Mixto en la votación. Sin embargo, el documento definitivo llegará el próximo viernes aunque fuentes parlamentarias son muy escépticas respecto a posibles cambios.

Los sindicatos de la concertada también criticaron el borrador del Gobierno: «Parece un calco de las arcaicas propuestas de algunos lobbies de la izquierda española más involucionista. Insisten machaconamente en imponer desde arriba la monotonía de un sistema educativo donde las escuelas públicas acaparen los recursos y las concertadas queden subordinadas, en contra del artículo 27 de la Constitución», señala el sindicato Federación de Enseñanza de USO (Feuso) en un comunicado. « Es inadmisible aprovechar la profunda crisis originada por la pandemia para progresar en las agendas ideológicas que dividen a los ciudadanos », añaden. Las alarmas ya saltaron cuando el presidente del Gobierno anunció el mes pasado que del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables a repartir entre las comunidades para hacer frente a la pandemia, 2.000 millones se destinarían a «la educación pública» aunque Celaá dijo que el dinero lo administraría cada comunidad.

El futuro de la «ley Celaá»

Centeno reconoce tener dudas acerca de qué pasará con el proyecto de ley educativo, actualmente en tramitación en el Congreso. Este podría añadir enmiendas de Unidas Podemos (el texto fue redactado solo por el PSOE) en la línea de lo planteado en el documento de ayer. « Mientras se invoca la unidad para salir de la crisis, se aprovechan las circunstancias para introducir cuestiones ideológicas ajenas al Covid en el ámbito educativo, que con toda seguridad luego se consolidarán en la Lomloe ». Para Feuso, las intenciones del Gobierno en el documento ya se dejan ver en la ley. «No nos sorprende el sesgo ideológico de la propuesta del Gobierno, pues está presente en todas las medidas que propone la actual Lomloe».