Castells consigue imponer la reducción de los precios universitarios sin ofrecer financiación a las comunidades

Castells se ha reunido con los representantes de las comunidades autónomas por segunda vez en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y después de que el Gobierno derogara el sistema de horquillas para los precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias vigente desde 2012 aprobado a través de un real decreto por el exministro de Educación, José Ignacio Wert .

Ahora, tras la derogación del decreto de Wert, aprobado en Consejo de Ministros el pasado día 5 de mayo, le tocaba a Castells poner sobre la mesa a las comunidades una propuesta concreta. Ahora se la horquilla se ha contraído: los precios pueden ser un 15% superiores o un 15% inferiores a la media nacional. El ministerio ha propuesto operar en un índice máximo de un 115 y un mínimo de 85. Las regiones que estén en 85 o menos pueden mantener los precios de 2019. La medida establece también que debe establecerse un precio máximo no superior al del último curso para las demás matrículas y de másteres .

Las Comunidades cuyos precios actuales superan el índice 115 deberían situarlos en el nivel correspondiente al índice 115. De hecho, solo son dos: Cataluña y Madrid. Hay siete comunidades que no tendrían que bajar sus precios con respecto a 2019-20: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, además de la UNED. Otras ocho tendrían que operar un ajuste relativamente moderado.

«No me parece razonable quitarle a las autonomías la capacidad apra fijar los precios que crean más convenientes. En Madrid y Cataluña se cobraba más porque la renta per cápita es más alta y porque los costes de generar la enseñanza superior también son más altos», opina José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y autor del estudio «Política de precios públicos y eficacia del sistema de becas en Cataluña».

Fuentes de la Comunidad de Madrid han tildado la medida de «imposición». «El ministro ha impuesto a las comunidades una bajada del sistema de precios públicos sin llegar a ningún acuerdo con ellas». Añaden que «el propio ministro se comprometió hace unos días a estudiar un sistema de financiación para las regiones para hacer frente a esta bajada; pero lo cierto es que a esta conferencia sectorial el ministro no ha traído ninguna propuesta económica concreta».

Las mismas fuentes han recordado que «durante la pasada legislatura ya se bajaron las tasas de grado en más de un 22 % y las de máster en más de un 30 % apostando de manera muy fuerte por un sistema de becas cuya financiación no ha parado de crecer en los últimos años».

En la misma línea han opinado fuentes de la Consejería de Educación Gobierno de Castilla y León, que señalan que la medida implica un desembolso importante de financiación inmediata. «Castilla y León ya ha demostrado estar comprometida con la equidad y la bajada progresiva de tasas universitarias y no se ha mostrado de acuerdo con la propuesta parcial y apresurada del ministerio, al no venir acompañado de financiación», informa José María Ayala .

Por su parte, fuentes de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Andalucía consideran que se debería tener en cuenta cuál es el coste del servicio y decidir qué cantidad (o porcentaje sobre el coste, si se admite que los costes referenciales pueden variar en cada comunidad) debe ser cubierto por los precios públicos. «Sin embargo, la propuesta del ministerio usa otros criterios para fijar los precios máximos. En el caso de primeras matrículas usa como indicador un porcentaje sobre la media de los precios vigentes en el curso 2011/2012, fecha en que los costes del servicio no eran obviamente los mismos que actualmente. Y en el caso de sucesivas matrículas y másteres el criterio de referencia es el de los precios del curso pasado. En ninguno de los casos la propuesta toma como referencia el indicador que establece la ley: el coste del servicio».

Añaden que «una política estatal de armonización de los precios públicos pasa por, primero, conocer las necesidades reales de financiación de las universidades en base al modelo de contabilidad analítica previsto en la propia LOU y todavía sin implementar. Y a partir de ese dato, dotar a las CCAA de la necesaria financiación para que puedan cubrir esas necesidades en un porcentaje similar», informa Antonio R. Vega .