En busca de un mundo seguro para la infancia

Cifras que son solo una parte de las reales, con las graves consecuencias que acarrea para las víctimas y para el conjunto de la sociedad.

Con esos datos, con esas historias de violencia en la retina, y con el amplio objetivo de convertirse en instrumento crucial para la protección de los niños, niñas y adolescentes ante la creciente violencia que les afecta de forma directa y desproporcionada, se aprobó hace un año la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). La norma se aprobaba tras intensos años de trabajo. La Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño y la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible también empujaban con sus postulados y recomendaciones la puesta en marcha de esta ley.

Considerada como una ley pionera a nivel internacional (ha suscitado el interés de otros países de nuestro entorno por su carácter integral, y por el movimiento y el consenso público y político en su tramitación y aprobación), el texto destaca por abarcar todos los puntos referidos a la violencia: desde la sensibilización, pasando por la prevención e identificación, hasta el tratamiento y reparación del daño. Su carácter integral queda también reflejado en la idea de que es necesaria la participación de todos para detener la violencia; en este sentido se incluye a los niños y niñas, a quienes se les ofrecerá una educación que les proporcione herramientas para su autoprotección.

Estamos por tanto ante una ley que nos compete a todos. Gran parte de su valor es el compromiso de todos los adultos, tanto de velar por la protección de los niños como de estar alerta y comunicar cualquier situación de abuso y violencia de la que tengamos conocimiento. Y es que, por primera vez, una ley de infancia no se dirige solo a los responsables de lo que llamamos “el sistema de protección de la infancia”, sino que establece medidas para sectores como el sanitario, el educativo, el deportivo, tecnologías de la información (espacios cotidianos de la vida de los niños y niñas), así como el policial y el judicial (sistemas que se ponen en juego cuando ha ocurrido una situación de maltrato o abuso).

A un año de la aprobación de la ley, es necesario pasar a su desarrollo y poner en marcha de forma efectiva algunas de sus disposiciones, como la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; la especialización tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, en los órdenes civil y penal, así como de los fiscales en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia; o la adecuación a la ley de las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales que fueran incompatibles con lo previsto en la ley. Además, al inicio del próximo curso escolar deberán estar operativas las nuevas figuras establecidas en la ley: coordinadores de bienestar y protección en las escuelas, y delegados de protección en las entidades de ocio y tiempo libre.

Sin duda, apelar a la responsabilidad sobre la protección de todos aquellos que de una u otra forma trabajamos en el ámbito de la infancia o nos relacionamos con niños y niñas tal vez sea, a un año de su aprobación, una de las mayores contribuciones y desafíos de la LOPIVI. Es el momento de asumir sus contenidos, cambiar mentalidades, cuestionarnos la manera de hacer las cosas, invertir tiempo y recursos en formación y fiarnos de otros profesionales con la exigencia de que todos los niños y niñas tienen el derecho a recibir protección contra la violencia infligida por cualquier persona relacionada con sus vidas, ya sean padres o madres, maestros, amigos, compañeros íntimos o extraños. Porque todas las formas de violencia que viven los niños, independientemente de la naturaleza o la gravedad del acto, son perjudiciales. Más allá del daño innecesario y del dolor que causa, la violencia socava el sentimiento de autoestima de los niños y menoscaba su desarrollo.

La nueva Ley sienta las mejores bases para enfrentar la violencia contra la infancia. Es hora de implementarla para asegurar la protección de todos los niños, niñas y adolescentes.