Alonso: «Me hubiera gustado que el gasto en Hepatitis C no hubiera computado como déficit»

El ministro realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión de un tenso Consejo Interterritorial de Salud , que no se reunía desde julio de 2015. Las comunidades gobernadas por el PSOE hicieron un frente común contra el Gobierno, en aspectos tales como el cómputo de los tratamientos de la hepatitis C en el déficit autonómico. En esta discrepancia contaron con el apoyo del consejero popular de Castilla y León.

Este punto no fomaba parte del orden del día de la reunión, pero las comunidades socialistas presionaron para que se incorporara al apartado de ruegos y preguntas.

Antes de comenzar la reunión las comunidades rebeldes calentaron el debate. A su llegada, el responsable de Ssnidad de Cataluña, Toni Comín (ERC), subrayó que «la lealtad institucional consiste en no decidir a solas sobre una política y cargar los costes en los gobiernos autonómicos», en referencia al Plan Nacional de la Hepatitis C.

Igualmente, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado (PP), indicó que «no es razonable que el mismo Gobierno, que el mismo Ministerio de Hacienda que nos reclama cumplir los objetivos de déficit, algo en lo que estamos de acuerdo, apruebe un plan estratégico e incorpore al sistema medicamentos de elevado coste. Es una contradicción ».

No fue éste el único asunto polémico que se analizó en la reunión, ya que hubo otros dos frentes abiertos: el Real Decreto de Prescripción de Enfermería y el presupuesto para la atención de los refugiados. En relación a este Real Decreto, que impide a estos profesionales indicar, usar y autorizar medicamentos de prescripción médica. las Comunidades gobernadas por el PSOE pidieron al ministro que derogara esta norma, según aseguró la consejera balear, Patricia Gómez , pero éste se negó. Esta consejera «lamentó el fondo y la forma de debatir el tema»

Sobre el programa de atención a la reubicación de los refugiados, el Gobierno ofreció un millón de euros, pero esta cuantía no satisface tampoco a las autonomías socialistas. El consejero de Extremadura lo consideró una « falta de respeto », señalando que «ofrecen 68 euros por persona refugiada al año, y eso nos parece insuficiente».

El malestar de las comunidades socialistas también se extendió a la estrategia de salud mental que presentó el Ministerio, que consideran «superada» por los planes integrales de las autonomías, según señaló el consejero extremeño. Por ello, pidieron que «se vuelva a revisar antes de aprobar su actualización».