El Gobierno negociará con editores y municipios la regulación de la publicidad sexual

La principal iniciativa que incluye el plan del Ministerio de Alfonso Alonso consiste en que los bienes decomisados a los tratantes reviertan en beneficio de las víctimas . Como ocurre en el caso de los narcotraficantes, que el volumen de los enseres que se les incauten -que en el caso de los explotadores seuxales ascendió a 23 millones de euros el año pasado- vaya a parar a asociaciones que cuidan a las mujeres explotadas. Una de esas asociaciones la encabeza Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apram), quien ha destacado en presencia del ministro que «estas mujeres vienen vendidas desde sus países de origen, así que si no tienen medios económicos para salir, nunca saldrán de esa difícil situación de explotación» . A la presentación del plan también ha asistido la directora y productora de documentales contra la trata Mabel Lozano y la escritora Charo Izquierdo, autora del libro «Puta no soy».

La también periodista Izquierdo ha reivindicado el poder de actuación de las organizaciones civiles en los puestos fronterizos, puesto que según las Oficinas para las Migraciones son más de 800.000 las mujeres «traficadas» que están circulando por zonas de paso, entre las que se encuentran Ceuta y Melilla. Precisamente entre las novedades del plan, según destacan a este periódico fuentes ministeriales, se incluye una colaboración muy estrecha con esas organizaciones que trabajan codo con codo en beneficio de las víctimas y a las que se dará la opción de trasladarse a los puestos para ayudar a los agentes a detectar posibles víctimas dentro de esos flujos migratorios.

Además, el ministro ha subrayado la necesidad de aproximar posturas en futuras negociaciones con los editores y municipios (articulados en la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP) para conseguir códigos de autorregulación para los anuncios de contactos en medios de comunicación como los periódicos y la prohibición del reparto de octavillas y publicidad sexual en marquesinas, vehículos y buzones de los municipios. Hasta ahora, solo las ordenanzas municipales «meten mano» al pingüe negocio de la prostitución, que mueve alrededor de cinco millones de euros al día en nuestro país.

Un tercer pilar contemplado en este plan, que recibirá una consignación global de 104 millones de euros, tratará de potenciar la formación de médicos en los centros hospitalarios para que «sean capaces de detectar rápidamente una situación de trata» en cuanto llegue una persona explotada a la camilla de un hospital. Al primer indicio de trata de personas, ese personal facultativo deberá actuar.

Para el ministro, la prostitución «es una realidad oculta, que se frivoliza, con la que se ha aprendido a convivir y que hay que denunciar». A partir de ahora, se revertirá la tendencia de actuar sobre la oferta -la prostitución- para atacar a la demanda, ya que es «un negocio montado sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres». Son féminas como la paraguaya Sofía, de 13 años , que presenta Mabel Lozano, y que se quedaron sin dignidad, reputación y visibilidad al salir de su país y llegar a Madrid «para ser millonaria», con una deuda contraída con el prostituidor que no deja de crecer. «Su cuerpo puede ser violado, pero sus derechos humanos han sido violados para siempre y nuestro país es cómplice de ello. Hay que vestir a estas mujeres, pero vestirlas de derechos. Dicen sí al sueño migratorio, pero lo dicen engañadas. Y no es aquí donde hay que trabajar, sino también allí, en sus países de origen », como en Iberoamérica, Nigeria, Rumanía y Bulgaria, de donde proceden la mayor parte de las mujeres explotadas y donde hay que explicarles que aquí no les espera esa vida de ensueño que les ofrecen ficticiamente, ha denunciado Lozano.

El ministro, que ha recogido el testigo de la mediática documentalista, ha recordado que otra de las iniciativas que integran este compendio de actuaciones para frenar «la esclavitud del siglo XXI» rezuma en intervenir en las embajadas y consulados y atender a las víctimas que se encuentan en pisos u otros lugares de carácter privado.

Solo la prostitución representa el 0,35% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone cerca de 3.700 millones de euros al año en España. Lo primero que ha pedido la portavoz socialista del ramo en el Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez , también presente en la puesta de largo del plan del Ejecutivo, ha sido desvincular al PIB de partidas económicas cuyo origen es delictivo, como la prostitución, para reclamar a continuación una mayor dotación presupuestaria, ya que ve «difícil que se destinen los 104 millones concertados por Sanidad cuando ni en 2015 ni en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, que acaban de aprobarse, hay ninguna partida adicional para implementar este plan», ha afirmado.

En lo que respecta a la regulación de la inserción de anuncios de contactos, Álvarez ha expresado su crítica al plan, que califica como de «poco atrevido» a la hora de demandar a los medios de comunicación «un mayor compromiso » por fomentar de manera indirecta -son sus palabras- la práctica de la trata. El plan se limita, según Álvarez, «a animarles a que desistan» de incluir dicha publicidad sexual.