El Gobierno holandés prohíbe el uso del burka y el niqab en escuelas y hospitales

El ministro del Interior, Ronald Plasterk, ha informado de la decisión del Ejecutivo que dirige el liberal Mark Rutte al término del Consejo de Ministros del viernes. Ha explicado que para el Gobierno es una decisión «importante para la seguridad» y que está separada del debate sobre los símbolos religiosos, según ha informado la agencia holandesa ANP.

Plasterk ha justificado la medida, que para entrar en vigor tendrá que ser aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado, en que en las escuelas permitirá identificar a los padres de los niños cuando éstos van a recogerlos.

La propuesta del Gobierno de Rutte contiene la posibilidad de imponer multas de hasta 405 euros si se portan prendas que cubran el rostro, además de que las autoridades policiales podrán pedir a quienes lleven esas vestimentas que se las quiten para proceder a su identificación.

La propuesta neerlandesa explica que «se parte de que en un país libre como Holanda todo el mundo tiene el derecho a vestir como quiera», pero que «esta libertad está limitada únicamente en situaciones en las que es esencial que una persona pueda mirar a otra en aras de la seguridad», según un comunicado del Gobierno. Agrega que la medida sería de aplicación en escuelas, hospitales, oficinas gubernamentales y transporte público, ya que son espacios en los que «el Gobierno tiene la responsabilidad de actuar mediante la regulación».

«El Gobierno ha buscado un equilibrio entre la libertad de la gente a usar la ropa que quiera y la importancia de que haya una comunicación mutua y reconocible», según el comunicado, que recuerda que se ha retirado ya un anterior proyecto de ley presentado en 2012 sobre ese tipo de prendas que afectaba también a su uso en la calle.

También recuerda que este nuevo proyecto de ley ha sido elaborado de común acuerdo entre los socios de la coalición gubernamental que integran liberales y laboristas.

Según el procedimiento, tras la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros, la iniciativa se envía al Consejo de Estado, que procederá a su recomendación o no, y después se presentará en el Parlamento para solicitar su luz verde definitiva, donde puede ser modificada por los parlamentarios.