Las claves del plan estratégico de la hepatitis C

Programa de cribado. La estrategia propone un programa de cribado a la población con mayor riesgo de tener la infección. En este grupo se encuentran los usuarios de drogas inyectadas, pacientes tratados con productos sanguíneos antes de 1990, personas con tatuajes o piercings, profesionales sanitarios, homosexuales, pacientes con VIH, presos, niños nacidos de madres infectadas y personas cuyas parejas sexuales tengan el virus. También establece un programa de cribado neonatal en mujeres con mayor riesgo de exposición a la infección. Según las estimaciones de la AEEH, entre el 1 y el 2% de la población en España está infectada con el virus de la hepatitis C (entre 450.000 y 900.000 personas) de las cuales la mitad puede progresar a enfermedades más graves y el 20% llegar a una cirrosis. Muchos de ellos, no están diagnosticados.

Enfermedad de Declaración Obligatoria. La hepatitis C es una Enfermedad de Declaración Obligatoria desde agosto de 2013, cuando fue incorporada al listado de enfermedades infecciosas que requieren una vigilancia por por parte del Sistena Nacional de Salud por las consecuencias que pueden tener para la salud pública. El plan propone mayor rigurosidad en la notificación de los casos, ya que según explicó el presidente de AEEH, el doctor Jaume Bosch «los datos que se tienen son incompletos».

¿Quién recibirá los nuevos tratamientos? Como adelantó ABC, el plan propone tratar con los nuevos antivirales tanto a pacientes con enfermedad avanzada (F4 y F3) como aquellos cuya patología puede convertirse en avanzada (F2). También incluye situaciones especiales de pacientes F1 o F0, como personal sanitario, mujeres en edad fértil o pacientes con manifestaciones extrahepáticas. Los pacientes en lista de espera de trasplante hepático y los trasplantados si desarrollan una hepatitis postrasplante también tendrán acceso prioritario a los fármacos innovadores. La AEEH estima que al menos 100.000 pacientes se encuentran esta situación, el 55% de los infectados.

Tres semanas para recibir los antivirales. Además de garantizar el acceso a los nuevos antivirales en condiciones de equidad, el plan propone fijar «un plazo máximo razonable y obligado» entre la prescripción del medicamento y el inicio del tratamiento. El hepatólogo Jaume Bosch señaló este martes que Sanidad precisó a las sociedades científicas durante la reunión mantenida la semana pasada que ese plazo máximo será de «tres semanas».

Financiación. La incógnita sigue siendo cómo se financiará la incorporación de estos fármacos que tienen un alto coste al Sistema Nacional de Salud. El plan no contempla este apartado. El Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha reiterado en varias ocasiones que no habrá problemas de financiación aunque también ha dejado claro que no se va a crear un fondo específico.