El Gobierno acatará el informe sobre el ATC del Consejo de Seguridad Nuclear

Francisco Gil-Ortega, exalcalde del PP en Ciudad Real, dimitió el pasado martes por «motivos personales», aunque diversas fuentes apuntan que ha sido una decisión forzada por el Gobierno después de su intento de adjudicar las obras del ATC antes de que el CSN hubiese emitido el informe preceptivo. Según el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción , Francisco Castejón, «técnicamente era una aberración, porque es imposible que una empresa presente un proyecto solvente sin saber las condiciones definitivas de la construcción», que es lo que debe determinar el CSN.

Sobre si esta dimisión afecta al proceso en curso con el ATC, ninguno de los organismos se pronunció con rotundidad. Desde la propia Enresa , remitían al escueto comunicado sobre las «cuestiones personales» de Gil-Ortega, aunque sí aseguraban que toda la información adicional solicitada por el CSN ya se entregó en diciembre y que «están a la espera». Por su parte, el CSN confirmó que están trabajando en el informe de licenciamiento y que en este, «como siempre, primarán las cuestiones de seguridad», por lo que rechazaban hablar de plazos.

El relevo de Gil-Ortega, según dijo Sáenz de Santamaría, lo hará la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( Sepi ), propietaria del 20% de Enresa. Algo que de seguirse el procedimiento habitual, haría el consejo de administración de la Sepi a finales de mes.

En este nuevo escenario, el PSOE ha pedido la comparecencia en el Congreso del presidente del CSN, Fernando Martí, para explicar los informes sobre la viabilidad del ATC. Martí ya dijo el pasado 3 diciembre en sede parlamentaria que fue el Gobierno el que decidió dónde debía ir el ATC y que la función del CSN, como organismo regulador, es la de identificar las condiciones que se requieren para que la instalación «sea idónea desde el punto de vista de la seguridad», y que es el Ministerio de Industria quien tiene la última palabra.