La asignatura de Religión contará para becas, media y repetir curso

Además, no es el único cambio en la reforma que afecta a la Religión. El Consejo de Estado en su dictamen había considerado que podría existir “discriminación” en los alumnos que optasen por la asignatura de Religión en vez de la alternativa. De esta manera se verían privados de cursar “una materia sobre valores sociales y éticos a lo largo de su formación». Por este motivo, la Lomce contempla que ambas materias, tanto la confesional como sus alternativas puedan ofertarse en el grupo de optativas. Es decir, que un alumno que elija Religión, también podrá estudiar Valores Culturales y Sociales.

La Lomce también recoge las demandas de la Iglesia en otros temas como la eliminación de la polémica Educación para la Ciudadanía, cuyos temarios serán repartidos por otras asignaturas, y la financiación pública de los centros de enseñanza segregada por sexos siempre que "garanticen la igualdad".

El visto bueno del Consejo de Ministros (con una semana de retraso) ha sido posible tras solucionar problemas con la memoria económica, -el Ejecutivo aspira a que sea cofinanciada por los fondos comunitarios- y con algunos cambios en los aspectos más polémicos, como el referido al uso del castellano en las aulas. Según recoge el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) finalmente será el Estado el que adelantará el coste de escolarización de un alumno en un centro privado y posteriormente se descontará el montante equivalente de la financiación que recibe la comunidad autónoma de la administración central.

Hasta ahora, la Lomce contemplaba que en el caso de que un alumno quisiera usar el castellano como lengua vehicular y no existiese esa posibilidad en un centro público, sería la comunidad la encargada de asumir el coste de la escolarización en un centro privado. Sin embargo, además de las críticas de la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Estado también puso pegas a esa medida por considerarla de difícil aplicación “técnico-jurídica” y por invadir las competencias autonómicas. Por tanto, el Gobierno ha dado otra vuelta de tuerca a la iniciativa en su idea de “garantizar el uso del castellano” y de hacer cumplir las sentencias de los tribunales en este sentido.

Cuando la reforma educativa se empiece a aplicar (curso 2014-15) los padres que quieran recibir la enseñanza en castellano deberán iniciar un procedimiento administrativo. Dirigirse en primer lugar a la Generalitat. En caso de no obtener una solución deberán solicitar a la Alta Inspección -dependiente del Ministerio de Educación- que examinará el caso y comprobará que realmente no existe ningún centro público o concertado que dé respuesta al problema. En ese caso el ministerio adelantará el coste de la escolarización en un centro privado que luego descontará de la financiación de la comunidad. Es decir, en la práctica el coste de la escolarización seguirá corriendo a cargo de la administración autonómica aunque a través de un sistema indirecto. "Es una medida excepcional y transitoria", ha asegurado Wert. De momento, el ministerio calcula en 5 millones de euros el dinero que tendría que adelantar en base a una estimación de 1.000 solicitudes de alumnos. Una cifra que fuentes del departamento que dirige Wert esperan que sea bastante menor. La Generalitat, por ejemplo, asegura que en este curso solo 17 familiar pidieron este tipo de enseñanza.

Pero uno de los nudos gordianos de la reforma ha sido la financiación. Tanto las comunidades autónomas como el Consejo de Estado dudaban de la memoria económica para implantar la ley. Ese fue el motivo de aplazar una semana la aprobación de la Lomce, como reconoció la propia vicepresidenta del Gobierno. Para lograr una solución el Ejecutivo ha mirado a Europa. En concreto al Fondo Social Europeo, cuya prioridad es la lucha del paro juvenil.

“El 95% de los costes directos (los que asume el Estado) son elegibles de ser financiados por este fondo. Tenemos altísimas posibilidades de lograr cofinanciación en un 50 o 65%”, han asegurado fuentes del ministerio. Teniendo en cuenta que la memoria económica cifra en unos 400 millones estos costes, el Gobierno podría lograr un ahorro de unos 200 millones. En concreto, el Ejecutivo aspira que los fondos comunitarios financien la Formación Profesional Básica y del adelanto de los itinerarios en 4º ESO, uno orientado hacia la FP y el otro hacia el Bachillerato. Está por ver que la iniciativa, que tardará meses en resolverse, contente a las comunidades autónomas, puesto que no afecta a los costes indirectos que ellas sufragan.

Uno de los pilares de la reforma es el de las evaluaciones externas al final de cada etapa educativa. “De esta manera buscamos disminuir el fracaso escolar”, ha explicado Wert. Una de las novedades incluidas en el texto definitivo es que los exámenes que se realicen en Primaria pasan a ser competencia de las comunidades autónomas. Los controles en 4º ESO y Bachillerato dependerán del Estado y serán homogéneos en todo el país.