La ley del Aborto se ajustará a la doctrina del Tribunal Constitucional

Después de una semana de mucho ruido sobre la nueva ley del aborto que prepara el Gobierno, con debate interno público también en las filas del PP y declaraciones de miembros del Gobierno que han recibido duras críticas de algunos sectores, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tratado de poner un poco de orden con tres ideas: la reforma respetará la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ley de supuestos de 1985, estará en la línea de la Convención de la ONU sobre discapacidad y modificará el punto de la actual ley que permite abortar a las menores de 16 años sin conocimiento de los padres. [ Así hemos contado al minuto la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ]

La vicepresidenta ha subrayado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Ministerio de Justicia es el que está elaborando la ley. Entre sus tareas pendientes está decidir cómo quedará el apartado sobre la malformación del feto. Como ya adelantó ABC, Justicia quiere que la discapacidad o malformación compatible con la vida deje de ser causa de aborto legal, en la línea con la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos.

La vicepresidenta no ha querido fijar ninguna fecha aproximada sobre la aprobación de la nueva ley, aunque el ministro de Justicia ya dijo que se haría pronto. La previsión es bastante ambigua, ya que la ley ha sufrido retrasos continuos desde el pasado año.

Santamaría se ha referido al recurso de inconstitucionalidad que planteó el PP en la legislatura pasada, y que firmó ella misma. Ha recordado que era una reforma que no estaba en el programa del Gobierno socialista y fue mucho más allá de lo que dictó el Tribunal Constitucional en la década de 1980.

En la rueda de prensa, la vicepresidenta se ha referido, si mencionar a nadie en concreto, a declaraciones que se han escuchado esta semana, como la del ministro Jorge Fernánde Díaz, cuando comentó que ETA y el aborto tenían algo que ver. Santamaría ha pedido máximo rigor en las declaraciones que se hagan para hacer un debate serio sobre una reforma en la que hay el Gobierno quiere buscar el equilibrio entre dos bienes juridicamente protegidos: la mujer y el niño no nacido.