Víctimas de la talidomida aseguran que el fármaco se siguió vendiendo en España durante seis meses tras su prohibición

Así, lo han explicado este miércoles el presidente de Avite, José Riquelme; el vicepresidente y miembro de la junta directiva de la asociación, Rafael Basterrechea; y el abogado de Avite, Ignacio Martínez. Según han comentado, los 204 millones de euros que solicitan a la farmacéutica se traducen en la petición de indemnización de 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía de los afectados .

Los hechos se remontan al 1957 cuando la farmacéutica sacó a la venta este medicamento como sedante y paliativo de las náuseas y vómitos sufridos por las mujeres a los tres meses de gestación . Posteriormente, en noviembre de 1961, fue retirado del mercado alemán tras detectarse que provocaba graves malformaciones en las extremidades superiores e inferiores de los fetos . Sin embargo, según explica Avite, durante seis meses más en España se siguió suministrando talidomida a las embarazadas e, incluso, a los niños que padecían hiperactividad.

En rueda de prensa, Avite ha presentado los documentos originales que lo demuestran y, además, una carta entre el laboratorio y su filial española en Madrid en la que se exige que no se explicara a los médicos españoles el verdadero motivo de retirada de este medicamento, comercializado con el nombre de «Softenon».

En concreto, en la misiva aportada por Avite, los responsables de Grünenthal permiten a su filial, tal y como ésta les había solicitado, no informar a los profesionales sanitarios españoles de los efectos secundarios que provocaba «Softenon» al considerar que en España la comercialización había sido «muy escasa», pese a que los médicos de otros países sí habían sido informados.

No obstante, sí les pidieron que informaran de forma «exacta y objetiva» de estos efectos a su plantilla de colaboradores externos, con el objetivo de que pudieran contestar «adecuadamente» a las preguntas que le pudieran plantear algún médico.

«La farmacéutica intentó ocultar»

De hecho, en el prospecto del medicamento no se informaba de los «graves» efectos secundarios que producía la talidomida sino que, por el contrario, sólo se advertía de que, «ocasionalmente y a causa de la administración prolongada de dosis elevadas», «Softenon» podría provocar un «ligero estreñimiento» que, no obstante, «cedía» con el empleo de un laxante suave.

Por tanto, según han denunciado los afectados, la farmacéutica intentó «ocultar» en todo momento los efectos «tan devastadores» que producía este fármaco e, incluso, no solicitó su retirada de los stocks en España «ocultando» así la información a los médicos que lo seguían recetando y que, provocaron que unos 3.000 niños nacieran con malformaciones y tuvieran secuelas «muy graves» de por vida como, por ejemplo, alteraciones del equilibrio producidas por problemas en el oído.

De hecho, no fue hasta el verano pasado cuando el fabricante pidió disculpas públicamente por estos hechos aunque, en España el laboratorio sólo ofreció 120.000 euros anuales para los 200 afectados inscritos en Avite, mientras que, según han denunciado los dirigentes de la asociación, en Alemania los talidomídicos consiguieron una pensión de hasta 7.000 euros mensuales y en Australia lograron también importantes acuerdos indemnizatorios.

Como consecuencia de la «escasa» indemnización recibida por parte de los afectados españoles y tras comprobar que España fue el único país en el que se siguió vendiendo este fármaco, Avite presentó en febrero de 2012 una demanda que, según han informado, se analizará en el juicio que se va a celebrar en Madrid el próximo 14 de octubre .

Recuperar la dignidad

«Queremos demostrar que los pacientes queremos recuperar la dignidad que los laboratorios nos arrebataron antes de nacer, hace unos 50 años», ha dicho el presidente de Avite, para insistir en su denuncia de que mientras en todos los países los afectados han recibido una indemnización y una pensión vitalicia, en España los afectados reconocidos sólo recibieron una «pequeña ayuda» .

Por otra parte, los portavoces de Avite han recordado que este miércoles la portavoz de Consumo de CiU en el Congreso, Lourdes Ciuró, ha defendido una proposición no de ley en la que pide al Gobierno más apoyo para estas personas. Y es que, a su entender, el Real Decreto aprobado en España en 2010, por el que se regularon las ayudas a estos afectados, fue «muy restrictivo» y del «todo insuficiente», dado que el abanico de afectados que reconoce es «muy limitado» porque sólo abarca a los afectados que se gestaron y nacieron entre 1960 y 1965 .

Por último, el vicepresidente de Avite ha informado de que el diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, ha presentado una batería de preguntas al Ejecutivo de Mariano Rajoy recordando que cuando el PP estaba en la oposición presentó, al entonces Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, una proposición no de ley para reconocer «cada una de las reivindicaciones» del colectivo y que, cuando han llegado a La Moncloa, «se han olvidado de ella».