El Plan del Tajo endurece las condiciones para los trasvases a la cuenca del Segura

Y es que la propuesta del Gobierno, tras negociar con los regantes de una y otra cuenca, casi duplica la reserva mínima no trasvasable de los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, que pasa de los 240 hectómetros cúbicos actuales a los 400. Además, deben estar garantizados unos caudales mínimos del río, que van de los 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, a los 10 en Toledo y Talavera, donde nunca se había fijado un nivel mínimo. Todo este plan está respaldado por una inversión de 4.075 millones de euros en 394 actuaciones hasta el año 2027.

Aunque este martes las partes afectadas a ambas orillas del trasvase manifestaron su satisfacción por el borrador, no cabe duda que las posiciones del Gobierno de Castilla-La Mancha que preside María Dolores de Cospeal salieron reforzadas, ya que el plan tiene como objetivo garantizar agua suficiente para las actuales y futuras demandas tanto de abastecimiento e industriales como en regadíos de la cuenca del Tajo. Es cierto que no se anula el travase Tajo-Segura, pero también queda patente que se dificulta, ya que las condiciones para que se puedan producir casi se duplican. El objetivo perseguido es que el 92 por ciento del agua de la cuenca del Tajo alcance en 2027 un buen estado ecológico, conforme a la Directiva marco del Agua. El objetivo es alcanzar esos 400 hectómetros en un plazo máximo de cinco años, aunque si antes las condiciones climatológicas permitieran una almacenamiento de hasta 900 hectómetros la reserva mínima entraría en vigor de forma automática.

Otro escollo para el trasvase reside en el objetivo primordial de garantizar la calidad de las aguas del Tajo. Según el borrador del Plan, el 42 por ciento de las masas de aguas superficiales en la cuenca del tajo no alcanza el buen estado, y lo mismo ocurre con el 25 por ciento de las aguas subterráneas. A eso se suma el fuerte crecimiento de población en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha que se ha de abastecer obligatoriamente desde los embalses de Entrepeñas y Buendía. Eso sin olvidar el fuerte impacto de deterioro en la calidad del agua que provocan los vertidos del áera metropolitana de Madrid, además de la presión adicional por los trasvases realizados desde 1980, si bien el agua derivada ha sido la mitad de la prevista.

Para poder alcanzar un buen estado ecológico de las aguas del Tajo resulta primordial garantizar un caudal mínimo aguas abajo de los embalses. Para eso se fijan 20 puntos estratégicos de regulación con intalaciones de aforo y control. Concretamente se fija un caudal mínimo de seis metros cúbicos por segundo en Aranjuez y en el tramo tras el embalse de Almoguera, que pasan a ser de diez metros cúblicos por segundo en Toledo y Talavera de la Reina. Especialmente significativo es este caso, ya que Talavera se considera un punto crítico de la cuenca del Tajo.

El plan, que afecta a cinco comunidades, recoge hasta 394 actuaciones, el 62 por ciento con el fin de mejorar el tratamiento de aguas residuales y saneamiento, además de las destinadas a asegurar el abstecimiento urbano, sobre todo en la Comunidad de Madrid y Toledo, la modernización de regadíos o la mejora de cauces y riberas. El coste de las intervenciones asciende a 4.075 millones de euros entre 2013 y 2027.

A partir de su publicación este miércoles, queda abierto un período de seis meses de consulta pública de la parte española del Plan del Tajo para que puedan realizarse las alegaciones pertinentes. A mediados de septiembre el Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo estudiará dichas alegaciones y a renglón seguido el Plan del Tajo será elevado al Consejo Nacional del Agua para su información y posteriormente se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva mediante real decreto.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, subrayó el «gran esfuerzo» de diálogo entre las partes implicadas, y valoró el diálogo «muy importante» entre las comunidades autónomas del levante español y las de Castilla-La Mancha y Madrid para regular «uno de los ríos más complejos de regular de España y para poner en marcha su plan de cuenca, que tenía que haber estado hecho en 2009».

Tanto en Murcia como en la Comunidad Valenciana el anteproyecto fue acogido con cierta satisfacción, a pesar de que algunas asociaciones de agricultores, como el sindicato Asaja de Alicante, avanzaron su intención de presentar alegaciones al texto, al considerar excesiva la reserva.